Para el ala crítica del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el anuncio que hizo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre las investigaciones que se hacen a los contratos para que la empresa portuguesa Mota Engil opere en Necaxa la hidroeléctrica Fénix, es un buen paso para la desclasificación de más de mil archivos relacionados con la concesión.

De acuerdo con Mario Benítez, quien forma parte del movimiento SME Para Todos Todo, esa es la cifra que han alcanzado en casi una década de recurrir a mecanismos de transparencia para conocer la información sobre la extinción de la compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y la entrega de los permisos con Enrique Peña Nieto. 

"No hemos podido nosotros encontrar la vía para conocer de manera oficial cómo se entregó la hidroeléctrica y 15 generadoras más a una transnacional sin pasar por concurso, en una mesa de negociación y ocultando la organización al propio gremio, a los trabajadores", dijo en entrevista.

De los más de mil archivos a los que han pedido tener acceso, agregó, sólo han podido conocer cuatro, de entre los que destaca uno que da cuenta de cifras millonarias con las que se liquidó al líder sindical Martín Esparza y sus allegados.

Mientras que en promedio los trabajadores con más de 20 años de experiencia fueron liquidados con 350 mil pesos, el monto para el dirigente superó los 6 millones y otros 60 millones se distribuyeron entre sus familiares directos y políticos que aparecían en la nómina con pocos años de trabajo, por lo que sostienen que hay corrupción a investigar.

"Hay un manejo en Fénix bastante oscuro y lo que alcanzamos a ver es que hay bastante corrupción y ese es un tema que se tendrá que desclasificar, por eso es que nuestra petición para empezar es la desclasificación de todos los documentos", agregó el activista.

A la falta de transparencia sobre la operación de Mota Engil, explicó Benítez, se suma que su llegada a México no ha significado una opción real de empleo para quienes salieron con la extinción de LFC.

Con la disolución ocurrida el 11 de enero de 2009 perdieron su empleo más de 40 mil sindicalizados a nivel nacional y según datos a los que ha tenido acceso la disidencia, actualmente la portuguesa sólo contrata a 541 personas.

De ellas, detalló, unas 350 o 400 se encuentran en la hidroeléctrica de Juan Galindo, Puebla, mientras que el resto se distribuye en plantas generadoras que eran de LFC y que se les permite operar en Hidalgo, Estado de México y la Ciudad de México.