Francisco Javier Acuña Llamas, presidente del INAI, afirmó que la PGR no ha publicado la información del caso Odebrecht.

El martes 2 de octubre, el Instituto Nacional de Transparencia ordenó a la Procuraduría General de la República que hiciera públicas las investigaciones del caso de la empresa brasileña Odebrecht.

La dependencia aseguró que la información es de interés público y que debe transparentarse.

Francisco Javier Acuña Llamas indicó que en lugar de publicar la información sobre Odebrecht, se presentaron una serie de amparos vinculados al caso.

“Se han disparado una serie de amparos en torno a ello”.

“Nosotros ya cumplimos con nuestro papel, primero, resolver que se abriera la averiguación previa, lamentablemente hubo resistencia. No la acató la PGR y emitimos la medida de apremio”.

El presidente del INAI señaló que tendrán que esperar a que los jueces los autoricen a difundir las medidas que tomaron para acelerar la publicación de la información sobre el caso Odebrecht.

“Ahora es necesario que los jueces que han concedido suspensiones provisionales o definitivas relacionadas con el caso nos den pauta para que se pueda decir lo que se hizo”.

Aseguró que el INAI llega hasta donde la ley se lo permite y que sólo se detiene cuando se presentan circunstancias excepcionales.

“El INAI estará demostrándolo con sus resoluciones que llega hasta dónde puede llegar, desde el ámbito de la ley, con algunos casos de tope, que merecen circunstancias como las reservas legalmente fundadas o la excepción por datos personales, en caso de confidencialidad”.

El martes 2 de octubre, el Instituto Nacional de Transparencia indicó que la Procuraduría General de la República debía entregar toda la información relacionada con el caso Odebrecht y revelar en qué instancia se encuentra la investigación.

“El Pleno del INAI, al determinar que es de interés público conocer la información sobre el caso Odebrecht, abona a la rendición de cuentas y permite a la sociedad tener el control sobre el actuar de la autoridad y la manera en la que solventa las investigaciones en casos o hechos en los que se presumen delitos que implican actos de corrupción”.

Indicó que con su resolución satisfacía un reclamo social y contribuía a combatir la corrupción.

“Garantiza el principio de publicidad sobre la información relacionada con las indagatorias de hechos que generan indignación y lastiman a la población, como el de Odebrecht, uno de los casos más representativos de una red de corrupción a nivel global”.

El lunes 14 de agosto el diario O Globo publicó un reportaje en el que aseguró que tenía documentación que vinculaba a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, con un pago de 10 millones de dólares.

La nota de O Globo indicaba que Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht, comenzó a pagarle a Emilio Lozoya Austin en marzo de 2012.

El primer pago de 4 millones de dólares que realizó Luis Alberto de Meneses Weyll a Emilio Lozoya Austin fue en 2012.

El jueves 17 de agosto, Emilio Lozoya Austin aseguró que no existen pruebas que lo vinculen con los sobornos de Odebrecht.

“Les comparto que en la carpeta no existe un solo elemento de prueba que acredite que recibí dinero de ellos o de alguien”.

Crédito de la foto @f_javier_acuna