Reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública, crear un registro único que señale la afectación de los recursos y transparentar la información de este tipo de mecanismos financieros, es parte la propuesta presentada por las bancadas de Morena y PT en el Congreso de Puebla.

El proyecto presentado por la diputada Olga Lucía García Romero Garci-Crespo enlista reformas y derogaciones de diversos artículos de las Leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En la tribuna, la diputa de Morena detalló que la intención es reconocer a los Proyectos de Prestación de Servicios como deuda pública tal como lo refiere a nivel federal en la Ley de Disciplina Financiera, pero que en Puebla se optó por aplicar el modelo sin reconocer la afectación a las finanzas del estado.

La legisladora recordó que la implementación de los PPS -figura con la que el sexenio de Rafael Moreno Valle se concretó el CIS, las plataformas de Audi y el Museo Internacional Barroco- se logró en 2011 con la aprobación de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, la cual de manera “incipiente” regula la relación público-privada y dio facultades discrecionales al Ejecutivo para concretar obras bajo este régimen.

La morenista precisó que uno de los primeros cambios es que se reconocería que los PPS representan un compromiso financiero, tal como lo sugiere en la fracción VII del artículo 2 de la Ley de Deuda Pública: “cualquier pasivo contratado por los entes públicos; sean obligaciones o financiamientos”.

También faculta al Congreso del Estado a tener un registro único que transparenten las obligaciones contraídas, su objeto, plazo, las partes que intervienen, el monto y el contrato, tal como lo propone el artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

Otro de los puntos que considera la iniciativa, es la incorporación del concepto de ingresos a libre disposición, el cual incluye los recursos federales y estatales que no son etiquetados para un fin específico, y de esta manera se limite al Ejecutivo para afectar las finanzas del estado, por lo que deberá de obtener el voto de dos terceras partes del Congreso.

“Toda afectación de recursos públicos sea en numerario o bienes inmuebles deberá ser autorizada por las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura. El ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Finanzas podrá constituir fideicomisos, previa autorización de las dos terceras partes de la Legislatura mismos que se sujetarán para su operación a lo previsto en el propio contrato de fideicomiso y en las disposiciones mercantiles correspondientes y no formarán parte de la administración pública paraestatal”, se plantea en el párrafo segundo del artículo 18 de la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios.

En cuanto a la reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la iniciativa propone que los sujetos obligados publiquen los compromisos adquiridos bajo los PPS, al precisar en la fracción XXII del artículo 77 que: “La información relativa a la deuda pública, a las Asociaciones Público Privadas y a los Proyectos Públicos de Servicios en términos de la normatividad aplicable”.

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