Con 40 votos a favor, el Congreso del Estado devolvió a las juntas auxiliares la facultad de operar el registro civil, que en diciembre de 2013 se les retiró a través de una reforma a la Ley Orgánica Municipal.

A cinco años de que el PAN propuso retirar la operación de este servicio a las 611 juntas auxiliares del estado, la bancada de Morena presentó una reforma para que los presidentes municipales y auxiliares sean reconocidos, por ministerio de ley, como jueces del registro civil.

El proyecto de la diputada Vianey García Romero contó con el respaldo de las fracciones de Encuentro Social y PT, partidos aliados de Morena, así como del PRI, PVEM y los integrantes del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla.

El dictamen que presentó la Comisión de Asuntos Municipales y que contiene los cambios a la Ley Orgánica Municipal les dará reconocimiento a los presidentes municipales y auxiliares para ejercer como jueces del Registro Civil de las Personas por ministerio de ley, planteamiento establecido en las fracciones XVII del artículo 91 y fracción IX del numeral 231.

Asimismo, se precisa que en el caso de los presidentes auxiliares serán responsables “penal y administrativamente” por las faltas en las que incurran durante la prestación del servicio del registro civil, como lo indica la fracción X del artículo 231.

La aprobación de la reforma a la Ley Orgánica Municipal revierte las reformas hechas en 2013 y 2016 a la Ley Orgánica Municipal, las cuales tuvieron el respaldo del PAN y sus aliados, PRD, Nueva Alianza y Compromiso por Puebla.

El retiro del registro civil de las juntas auxiliares se validó en diciembre de 2013 con la reforma al artículo 230 de la Ley Orgánica Municipal, la cual fue propuesta por el panista Mario Riestra Piña.

La modificación convirtió a las juntas auxiliares en órganos desconcentrados y dependientes de las Secretarías de Gobernación de los municipios, con lo que los presidentes auxiliares ya no se harían cargo del servicio del Registro Civil y de nombrar a los encargados de la seguridad pública.

En su último año de gobierno, en marzo de 2016, Rafael Moreno Valle envió una iniciativa a la LIX Legislatura para que, de manera parcial, se restituyera la facultad a los presidentes municipales y auxiliares de “coadyuvar” en los registros civiles.

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