Con una reforma a la Ley Orgánica Municipal, la bancada de Morena plantea restituir a los presidentes municipales y auxiliares la facultad de ejercer como jueces del registro civil, que se les retiró durante el sexenio de Rafael Moreno Valle.

Vianey García Romero, integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), presentó el proyecto para modificar los artículos 91 y la fracción IX del 231, numerales que fueron reformados en marzo de 2016 a propuesta del ex gobernador Rafael Moreno Valle y en los cuales se señala que los munícipes y presidentes auxiliares “coadyuvarán” a las autoridades del Registro Civil del Estado.

En la tribuna del pleno, la legisladora recordó que fue en 2013 cuando se presentó la primera reforma a la Ley Orgánica Municipal, la cual tenía como trasfondo que el gobierno asumiera el control político y administrativo de las juntas auxiliares.

La medida -recordó- generó el disgusto de los pobladores de las juntas auxiliares a los que se  vulneró el derecho de la personalidad, generó movilizaciones, el uso desmedido de la fuerza pública, la violación a los derechos humanos y la muerte de un menor, en referencia a José Luis Alberto Tehuatle Tamayo, quien murió tras la lesión cerebral que le provocó el impacto de un proyectil usado por la policía estatal en el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco.

“Con la finalidad de buscar el control político, así como administrativo y fiscal por parte del grupo en el poder, en el año 2013, el Congreso - sumiso, por cierto-,  en ese momento realizó reformas a la  Ley Orgánica Municipal suprimiendo facultades a los presidentes auxiliares municipales como titulares del gobierno de los pueblos de poder ser auxiliares en los servicios de registro del estado civil de las personas terminando con una historia ancestrales  de las juntas auxiliares de proporcionar  a sus pobladores todos los servicios del registro civil (…) las repercusiones a esa reforma (fueron) conflicto social en varios municipios (…) detenciones arbitrarias, uso desmedido de la fuerza pública, la muerte de un menor y violaciones graves a los derechos humanos”, dijo la legisladora.

La propuesta de García Romero modificaría en su totalidad el artículo 91 de la Ley Orgánica  Municipal, el cual enlista las responsabilidades de los presidentes municipales, para dejarlo de la siguiente manera: “Son facultades y obligaciones de los presidentes municipales ejercer las facultades del juez del registro civil por ministerio de ley en términos de la normativa aplicable”.

En lo que respecta al artículo 231 en su fracción IX, la morenista propone que: “Son obligaciones y atribuciones de los presidentes auxiliares las siguientes, fracción IX,  ejercer la facultades del juez del registro civil por ministerio de ley en términos de la normatividad aplicable”.

El texto vigente de la normativa refiere que los presidentes auxiliares tendrán dentro de sus facultades y obligaciones:  “coadyuvar con las autoridades del Registro del Estado Civil de las Personas en términos de las disposiciones aplicables. Los presidentes auxiliares serán responsables penal y administrativamente por las faltas en las que incurran en la prestación de este servicio”.

En marzo de 2016, a propuesta del entonces gobernador Moreno Valle, la LIX Legislatura aprobó una reforma que de manera parcial devolvía la facultad a los presidentes municipales y auxiliares de participar en los registros civiles.

El retiro del Registro Civil de las juntas auxiliares inició en diciembre de 2013, con la aprobación de una reforma al artículo 230 de la Ley Orgánica Municipal, de la cual fue proponente el panista Mario Riestra Piña.

El cambio convirtió a las juntas auxiliares en órganos desconcentrados y dependientes de las Secretarías de Gobernación de los municipios, y los presidentes auxiliares no se harían cargo del servicio del Registro Civil y de nombrar a los encargados de la seguridad pública.

Foto Agencia Enfoque