En Puebla sólo se resuelve el 4.7 por ciento de los casos judiciales a nivel general y el 0.2 por ciento de los que llegan a juicio oral, lo que representa las cifras más bajas en todo el país, según lo revela el informe “Hallazgos 2017” en el Sistema de Justicia Penal (SJP) que este jueves presentó la agrupación civil México Evalúa.

A ello se suma que apenas el 28.9 por ciento de quienes son privados de la libertad en la entidad tienen asesoría de un abogado antes de llegar ante un juez, y que nada más el 23 por ciento de quienes ocupan un defensor de oficio quedan satisfechos con su labor, indicadores que por igual son los últimos en la república.

Además el estudio destaca que en el estado es escaso el número de defensores, de jueces de control y oficinas del Ministerio Público, lo que ha impedido que Puebla alcance un nivel adecuado de la implementación del SJP, que arrancó desde hace cinco años.

Fue en 2008, cuando los legisladores federales aprobaron una reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, que dio paso a un nuevo Sistema de Justicia. En el caso de Puebla entró en vigor en 2013 en las regiones oriente y norte del estado, mientras que en 2016 fue puesto en marcha en todo el territorio.

Tiene solución uno de cada 20 casos 

El informe elaborado a partir de solicitudes de información a las administraciones estatales destaca que uno de los mayores retos del Sistema de Justicia Penal es un acceso eficiente y rápido a la justicia.

Sin embargo en Puebla la solución de las causas penales es la más baja de todo el país, con 4.7 por ciento, frente a Chihuahua que alcanza un 74.7 por ciento y por arriba del 50 por ciento están además Guerrero, Coahuila, Colima, Hidalgo, Yucatán y Querétaro.

“Un porcentaje bajo de asuntos resueltos constituye un foco rojo, debido al impacto negativo que la acumulación de asuntos puede tener en la eficiencia del sistema de justicia y, en última instancia, en el acceso a la justicia por parte de los ciudadanos. No obstante, un porcentaje bajo en la resolución de los asuntos no necesariamente es atribuible a una gestión judicial deficiente, pues puede indicar también una mala gestión por parte de otras instituciones; por ejemplo, es común que los defensores y MP soliciten diferimientosdebido a sus altas cargas de trabajo”.

México Evalúa señala que los casos concluidos no necesariamente son todos resueltos en una audiencia de juicio oral, ya que también existen salidas alternas y soluciones anticipadas, y sólo los que no permiten otro tipo de resolución llegan a la fase oral.

Aquí el Estado de México reporta el mayor porcentaje de casos resueltos en juicio oral, con 28 por ciento, seguido por Guerrero con 9.1 y Chihuahua con 7.5. Pero en el extremo contrario, Puebla alcanza apenas el 0.2 por ciento de efectividad en una audiencia de este tipo.

Insatisfacción con defensores

En cuanto a la defensa de los detenidos, se expone que esta permite que sean escuchados durante un proceso penal, que existan contrapesos y que además incentive al Ministerio Público a profesionalizarse para presentar y argumentar casos.

No obstante a nivel nacional sólo el 41.8 por ciento de la población privada de la libertad contó con la asesoría de un abogado antes de llegar ante un juez penal, y en el caso dePuebla el indicador se desplomó hasta el 28.9 por ciento.

Para quienes no tienen un abogado particular y deben recurrir a uno de oficio, pagado por el estado, en Sinaloa el 51.4 por ciento de los procesados dijo que quedó satisfecho con el desempeño del servidor público, pero en Puebla sólo el 23 por ciento lo aprobó.

Pocas oficinas del MP

México Evalúa analizó el número de policías de investigación, de oficinas del Ministerio Público y facilitadores que hay en las entidades por cada 100 mil habitantes, ya que entre menos personal es más complicado que alcancen un índice de implementación ideal.

En el caso de Puebla se cuentan 16.9 ministerios públicos por cada 100 mil personas, mientras que el promedio más alto es de 20 y este corresponde a Yucatán. La cifra más baja es de Tlaxcala, con 2.4.

Ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el Poder Judicial otorgaron información para analizar las deficiencias en cuanto a policías de investigación y facilitadores, según se detalló.

Escasos funcionarios

Por otra parte, en el estado hay 0.9 defensores por cada 100 mil personas, que es el segundo promedio más bajo después del de Chiapas que fue de 0.5. En contraste, en Tabasco hay hasta 4.9, que es la cifra más alta.

Puebla tiene el promedio más bajo de jueces de control, ya que hay 0.2 funcionarios de ese tipo por cada 100 mil personas. Zacatecas alcanzó la media más alta, con 2.6.

Una situación similar ocurre con los asesores de las víctimas, ya que en el estado hay un promedio de 0.3, cifra que solo supera a Jalisco y a Durango que registraron cada uno 0.2, y que se equipara al de Baja California con 0.3.

En cuanto a los jueces de ejecución las autoridades poblanas no reportaron datos, mientras que el resto de los estados el indicador no rebasa los 0.5 funcionarios por cada 100 mil personas.

Cabe señalar que aunque la FGE cuenta con un Sistema Profesional de Carrera, en realidad no opera, según reveló el informe.

Según la Ley General de Víctimas (LGV), en el estado debería haber por lo menos 114 asesores jurídicos, pero sólo hay 16, por lo que hay un déficit de 98 servidores públicos con esa categoría.

Indagatorias sin detenidos

El déficit de personal incide en el desempeño de las fiscalías del país. En el caso de Puebla, del cien por ciento de las investigaciones iniciadas en 2017, en menos del 20 por ciento de los casos hubo detenidos. En contraste, en Tabasco este indicador superó el 50 por ciento.

Aunado a ello, del total de las indagatorias generadas el año pasado, más del 40 por ciento fue canalizado al archivo temporal, otro 20 por ciento fue desechado por “incompetencia” y cerca del 15 por ciento fue judicializado.

Puebla, con el caso más alto de detenciones ilegales

Puebla se situó en la primera posición con más detenciones ilegales, ya que alcanzó un 32.5 por ciento. Además, también fue la primera entidad con más causas penales iniciadas con detenido.

“Puebla tiene el mayor número de detenciones calificadas como ilegales, respecto del total de causas penales iniciadas; lo que se traduce en que prácticamente 3 de cada 10 detenciones recibieron esta determinación en 2017”, se indica en el documento.

Debe recordarse que el gobierno federal destinó recursos a las entidades mediante el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) para que pusieran en marcha el SJP, el cual representó ingresos por 275 millones de pesos para Puebla en 2017, cantidad a la que se debe sumar una aportación estatal de 105 millones.

No alcanza el porcentaje ideal

De acuerdo con el informe, Puebla es la séptima entidad del país con mayor calificación en la implementación del SJP, al alcanzar 370 de un total de mil puntos que contempla la evaluación.

Al estado le ganan Yucatán con 391 puntos, Nuevo León con 413, Chihuahua 421, Baja California 448, Guanajuato 476 y Querétaro que fue la entidad que alcanzó el puntaje más alto, con 483 puntos.

Al no obtener ninguna entidad la calificación máxima, se indica que el nuevo modelo penal no opera al cien por ciento en el país.

Las últimas posiciones fueron ocupadas por Veracruz (176), Hidalgo (170), Campeche (160) y Guerrero (134).