Aunque la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia de Género (Conavim) estableció un nuevo periodo de evaluación para decidir si es necesario emitir en Puebla una alerta por las agresiones contra mujeres, los académicos que participan en esa evaluación consideraron que es urgente que el estado cuente con ese mecanismo.

Este 17 de julio, el organismo que depende de la Secretaría de Gobernación (Sgob) federal, presentó un informe sobre la solicitud que distintos grupos civiles le hicieron para que se declarara una Alerta de Violencia de Género (AVGM), en el que se indica que se otorgará un nuevo lapso de evaluación de seis meses.

El informe en cuestión se emitió con cinco meses de retraso y después de las elecciones del primero de julio, mediante las que se votó para renovar la gubernatura, ya que la fecha prevista para que se diera a conocer era el mes de febrero.

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El grado de impunidad es alto

 La CONAVIM estableció 15 nuevas conclusiones sobre las acciones que el gobierno del estado ha realizado desde 2017 para erradicar la violencia contra el género femenino, las cuales señalan que los empleados de los organismos gubernamentales a cargo, no garantizan el acceso a la justicia. Por el contrario, acusó que existe falta de sensibilidad y de capacitación, además de que laboran en condiciones deplorables, como el caso del municipio de Cuetzalan.

 Sin embargo, un grupo de cinco académicos que forman parte del grupo de trabajo que evalúa la solicitud, indicó en el mismo informe que es urgente que la Segob opere esemecanismo, debido a que las medidas de prevención no tienen resultados positivos.

“Derivado del procedimiento de investigación y análisis, de la situación de violencia contra las mujeres en Puebla, durante los dos procedimientos solicitados por las organizaciones de la sociedad civil e Instituciones de la Defensa de los Derechos Humanos, las y los abajo firmantes consideramos que la Alerta de Género debería declararse de manera inmediata”, apuntaron en el informe.

Los expertos insistieron en que el grado de impunidad en Puebla es sumamente alto, según las visitas que realizaron a instituciones de procuración de justicia, pese a que reconocieron que se han llevado a cabo acciones de gobierno para contrarrestar el problema.

Los académicos subrayaron que aún debe transcurrir un periodo de seis meses para que se realice una nueva evaluación, pero  subrayaron que de acuerdo con la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia, es necesario que una vez entregado el informe al gobernador del estado, éste no acepte las recomendaciones, para que el mecanismo se decrete.

 Firmaron el informe Elva Rivera Gómez, representante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla; Mario Fausto Gómez Lamont, de la Universidad Nacional Autónoma de México; Oscar Montiel Torres, representante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala; Catalina Aguilar Oropeza, exfuncionaria estatal; y Héctor A. Pérez R.

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