De las once recomendaciones que se emitieron por la alerta de género en Puebla, cinco estarían incumplidas y seis tendrían cumplimiento parcial, de acuerdo con un análisis realizado por la Mesa de Seguimiento de Alerta de Género en Puebla, conformada por académicas de la Universidad Iberoamericana y organizaciones civiles.

Para las especialistas no se sostiene el nivel de cumplimiento que acreditó tanto la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) como el grupo de trabajo, por lo tanto se debe decretar la alerta de género para el estado.

De igual forma se exige al gobierno estatal que haga públicos los informes de cumplimiento de cada una de las once recomendaciones y se transparente el ejercicio de recursos que se destinaron a cubrir con las recomendaciones. Mientras que al gobierno federal se solicita que evalúe de forma eficaz el cumplimiento y evite la simulación.

El análisis de la Mesa de Trabajo no sólo tomó en cuenta los documentos públicos referentes a la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), sino que también se basó en solicitudes de información hechas por integrantes de la Mesa de Seguimiento.

Recomendaciones incumplidas

Las recomendaciones que para la Mesa de Trabajo está incumplidas son: la elaboración del diagnóstico sobre los tipos y modalidades de violencia; garantizar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos; la vinculación con instituciones de educación superior para la prevención y detección de casos de violencia; fortalecer a las instituciones involucradas en la prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres, y garantizar las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia.

Con respecto a la primera recomendación el análisis indica que a pesar de que se destinaron 2.6 millones de pesos para la elaboración de un diagnóstico sobre los tipos de violencia, sólo se acreditó la realización de una primera etapa, pero no se remitió evidencia de quiénes elaboraron el estudio. Tampoco hay un plazo específico para la segunda etapa del diagnóstico.

La segunda recomendación también estaría incumplida, pues no hay datos posteriores a diciembre de 2016 en el Banco Estatal de Datos (CEDA). De 870 casos de violencia reportados sólo hay 406 expedientes, y la información tampoco estaría acorde a lo reportado en el Banco Nacional de Datos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), donde se tienen 112 casos.

De la séptima recomendación el análisis dice que se incumplió debido a que no se elaboró el protocolo para la detección y prevención de la violencia contra mujeres en instituciones de educación superior y sólo se firmó un acuerdo con 39 universidades, aunque no se establecen fechas ni acciones específicas.

Sobre la novena recomendación, la Mesa de Seguimiento concluyó que el incumplimiento se debe a que el gobierno sólo concedió sólo 40% de los recursos que pidieron las dependencias para su fortalecimiento. Además de que ocho de cada diez pesos que se otorgaron al Instituto Poblano de la Mujer (IPM) fueron destinados a otras acciones que no estaban relacionadas con la recomendación, como son talleres para periodistas, una encuesta electrónica y una campaña de difusión.

En cuanto a la décima primera recomendación, referente a las órdenes de protección para las mujeres víctimas de violencia, se evidenció que sólo dos de las diez áreas que se capacitaron en el tema tenían los conocimientos suficientes, asimismo las listas de asistencia a las capacitaciones mostraban inconsistencias, no existe un modelo de análisis de riesgo adecuado y no existe evidencia de que se dé seguimiento a las medidas de protección.

Hubo cumplimiento parcial

Las recomendaciones que están parcialmente cumplidas son: la elaboración de campañas con perspectiva de género para visibilizar los tipos de violencia; la creación de un observatorio de medios para eliminar prácticas sexistas y estereotipadas; programas de capacitación constante para instituciones encargadas de atender, prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres; impulsar modificaciones legislativas, y capacitación en torno a la NOM-046.

Tanto el grupo de trabajo que analizó la alerta de género como la Mesa de Seguimiento observaron que los programas de capacitación y las campañas de comunicación no fueron evaluados, por lo tanto no se puede saber qué tan efectivas resultaron. Tampoco hubo participación de especialistas para garantizar que los mensajes tuvieran perspectiva de género, enfoque en derechos humanos e interculturalidad.

Además el observatorio de medios se creó siete meses después del plazo establecido y los 1.2 millones que se invirtieron para capacitar a medios de comunicación en perspectiva de género no resultaron efectivos, debido a que algunos comunicadores que tomaron la capacitación siguen reproduciendo mensajes estereotipados.

Referente a las modificaciones legislativas falta aprobar el matrimonio igualitario, como sugirió el grupo de trabajo y tampoco se tipificó la violencia obstétrica.

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