El Senado de la república aprobó la Ley General de Comunicación Social, conocida como Ley Chayote.

El dictamen fue aprobado con 60 votos a favor del PRI y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y 46 en contra del PAN, el PRD y el Partido del Trabajo.

Angélica de la Peña, legisladora del PRD, afirmó que la ley es una simulación que abre el mercado negro a la propaganda política disfrazad de información.

“Lo que pretenden hoy el PRI y sus aliados es que se apruebe aquí, con una mayoría que ya tienen, un proyecto que legaliza el mercado negro de propaganda política disfrazada de información”.

Aseguró que la ley atenta contra la libertad de expresión porque pretende utilizar los recursos públicos para apoderarse de la línea editorial de los medios de comunicación.

El texto del dictamen indica que la Secretaría de Gobernación y las dependencias equivalentes en los estados serán las encargadas de regular el gasto en comunicación social.

La Secretaría de Gobernación dará asistencia técnica y evaluará las estrategias, programas y campañas de comunicación social.

Ley General de Comunicación Social ordena que entes públicos que cuenten con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para gasto en comunicación social, elaboren un programa anual.

Ordena que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de propaganda deberán estar inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Secretaría de Gobernación.

Aunque un medio de comunicación se registre el Padrón Nacional de Medios no significa que los entes públicos les vayan a entregar contratos de publicidad.

La Auditoría Superior de la Federación fiscalizará los recursos que se destinen a Comunicación Social.

El texto indica que no se podrán destinar recursos para tiempos comerciales en los medios de comunicación, siempre y cuando privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos de Estado, y no estuvieran disponibles.

Crédito de la foto gaceta.mx