La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República aprobó un exhorto para que el gobierno de Puebla garantice condiciones de seguridad y reinserción social en los penales del estado, afectados por la corrupción, el hacinamiento, la extorsión y la violencia.

El exhorto fue propuesto en septiembre del año pasado por la senadora poblana Lucero Saldaña Pérez, quien argumentó que el penal de San Miguel es el segundo del país con el mayor índice de victimización.

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Alta corrupción y violencia

La Comisión establece que el gobierno del estado debe garantizar condiciones de estadía digna de los internos, por lo que le recomienda establecer mecanismos y políticas públicas para identificar, sancionar y prevenir conductas que deriven en vejaciones, torturas y violaciones a los derechos humanos.

En su propuesta, Lucero Saldaña enfatizó que en el Cereso de San Miguel se han identificado redes de extorsión, venta de droga, cobros de piso y de protección obligatoria a los internos, quienes son golpeados si se niegan a colaborar.

Asimismo, subraya que en la Encuesta Nacional de Población Privada de su Libertad el de San Miguel es el segundo a nivel nacional con el mayor índice de victimización, ya que continuamente hay peleas y riñas entre bandas para tomar del centro penitenciario.

Agrega que es una de las cárceles más corruptas, debido a que el 48.9 por ciento de los reclusos dijo haber sufrido alguna de las prácticas mencionadas.

Exponen renta de casas para la visita conyugal

En la argumentación los integrantes de la Comisión exponen la existencia de una banda delictiva dedicada a la renta de “casitas” o palapas para las visitas conyugales en el penal de San Miguel, tema que fue documentado por e-consulta.

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También señalan la existencia de bandas dedicadas a la venta de frutas y verduras, así como de medicamentos, productos de primera necesidad e incluso de agua potable al interior de dicho centro penitenciario.

Sobrepoblación y hacinamiento

En la argumentación se expone que el estado es catalogado como una de las entidades con mayor sobrepoblación en sus cárceles, ya que su infraestructura tiene la capacidad de alojar a más de 6 mil personas, sin embargo hoy resguarda a 8 mil internos.

“Los centros penitenciarios de Tepeaca, San Pedro Cholula y Atlixco son los que registran mayor sobrepoblación”, exponen los legislaldores.  

Manifiestan que en los Centros Penitenciarios de Tepeaca, Ciudad Serdán, Acatlán de Osorio, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Huejotzingo hay condiciones de insalubridad en estancias, comedores y concinas, así como falta de medicamentos, de personal médico y nulo acompañamiento psicológico.

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