El hacinamiento en los centros penitenciarios del territorio poblano crece y, con ello, los delitos y violaciones a los derechos humanos de los internos, advirtió la senadora del PRI, Lucero Saldaña Pérez.

Recalcó que están documentadas las diversas problemáticas que persisten y proliferan en el Sistema Penitenciario del Estado de Puebla, como el hacinamiento, la sobrepoblación y la venta de estupefacientes al interior de las instalaciones.

“El estado de Puebla está catalogado como una de las entidades federativas con mayor sobrepoblación en su red carcelaria,  debido  a que su infraestructura tiene capacidad de alojar a 6 mil personas y  hoy resguarda a más de 8 mil internos”, dijo.

Puntualizó que los centros penitenciarios ubicados en los municipios deTepeaca, San Pedro Cholula y Atlixco presentan los mayores índices de sobrepoblación. 

Mientras que los más insalubres son los de Tepeaca, Ciudad Serdán, Acatlán de Osorio, Atlixco, Izúcar de Matamoros y Huejotzingo, en donde escasean no sólo los medicamentos, sino también el personal médico y es nulo el acompañamiento psicológico.

“En el Cereso de San Miguel se ha denunciado la operación de redes de extorsión que ejercen el poder dentro del Penal, debido a que venden droga, realizan cobros de piso y piden cuotas de protección obligatorias; los internos que no las paguen son golpeados”, alertó.

Recordó que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, el Centro de Rehabilitación Social de San Miguel es el segundo a nivel nacional con el mayor índice de victimización en su interior, ya que se dan con continuidad peleas o riñas entre bandas que buscan tener el control de la plaza.

“Por si esto no fuera suficiente, San Miguel es una de las penitenciarías más corruptas del país, debido a que 48.9% de las personas ahí recluidas, dijo haber sufrido algún suceso de este tipo, en su mayoría, son los custodios quien piden algún tipo de pago para brindar algún tipo de favor, servicio o permiso”, añadió.

Los niveles de impunidad y corrupción son tales, que al interior del penal opera una banda delictiva enfocada, entre otras cosas, a la renta de palapas o casitas para las visitas conyugales, actividad que les genera cerca de 20 mil pesos diarios, denunció la legisladora.

Por ello, la senadora Lucero Saldaña presentó un punto de acuerdo para solicitar que la Cámara alta exhorte al Gobierno del estado de Puebla para que, a través de la Dirección General de Centros de Reinserción Social, establezca las medidas y programas necesarios a fin de identificar y prevenir actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en los centros penitenciarios de la entidad.

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