Jorge Álvarez Máynez, diputado del partido Movimiento Ciudadano, increpó a Rosario Robles, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), en las instalaciones de la PGR.

El diputado le dijo que presentó demandas en su contra el 5 de septiembre de 2017 y el 11 de enero de 2018.

El legislador intentó entregarle a Rosario Robles una carpeta con documentos relacionados con la Estafa Maestra, pero ella no los recibió.

—No me lo entregue a mí, presente las denuncias correspondientes —dijo Rosario Robles—.

—El 5 de septiembre de 2017 y el 11 de enero de 2018 yo presenté una denuncia en su contra y la Procuraduría General de la República no ha hecho su trabajo —le reviró Jorge Álvarez Máynez—.

Rosario Robles se presentó en la Procuraduría General de la República porque el diario Reforma publicó que desde Sedesol se desviaron mil 300 millones de pesos.

La publicación indica que el dinero fue transferido a Monex y a CI Banco y de ahí se dispersó en varios países.

La titular de Sedatu retó al diario Reforma a que presentara la documentación en la PGR y ella acudió para atestiguar que lo hiciera.

“Dado que no existe este documental y no hay absolutamente ninguna prueba que a mí en lo personal me vincule en un esquema de triangulación de recursos solicité derecho de réplica, que hasta el momento no ha sido atendido conforme a la ley”.

“Yo aquí estoy dando la cara porque no tengo nada que temer y nada que esconder, queremos pruebas”.

Sedesol entregó dinero a personas muertas

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que en 2016 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) realizó pagos por 65 millones 891 mil pesos a 17 mil 674 personas que tenían estatus de fallecidas.

Sedesol realizó pagos injustificados por 64 millones 152 mil pesos a 16 mil 997 beneficiarios del Programa de Pensión para Adultos Mayores (PPAM); a 284 personas inscritas en el Programa de Empleo Temporal Inmediato (PETI) les dio 520 mil pesos; a 393 beneficiarios inscritos en el Programa de Empleo Temporal (PET), les entregó un millón 218 mil pesos. Todas las personas incluidas en esta lista estaban muertas.

En una nota de los reporteros Pedro Villa y Caña y Teresa Moreno que publica el diario El Universal se indica que la Auditoría Superior de la Federación solicitó al Registro Nacional de Población (Renapo) corroborar la localización de beneficiarios y encontró inconsistencias.

La Auditoría Superior de la Federación encontró que en la base de datos de la Sedesol hacían falta la Clave Única de Registro de Población (CURP), el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En algunos casos, en los datos de los registros de beneficiarios no se incluyó información elemental como la edad y sexo al que pertenecen.

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