Todo efecto de la designación de Juan Díaz de la Torre está suspendido y la toma de nota que le “reconoció” ilegalmente como Presidente también está suspendida, aseguraron integrantes del grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial del SNTE.

A través de un comunicado expusieron que tras presentar una demanda de amparo, aclaración de la misma y una ampliación, el Juez Brando Arturo González Ramírez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, concedió la suspensión provisional.

El fallo señala que “se concede la suspensión provisional a la parte agraviada, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 139 de la invocada normatividad, esto es, para el único efecto de que hasta en tanto se resuelva acerca de la suspensión definitiva, se suspenden los efectos que derivan del acto esencialmente reclamado, es decir, los efectos de la toma de nota acordada el doce de marzo de dos mil trece en el expediente R.S. 43/44 (Cuaderno 41º), en lo referente a la designación del Presidente del Consejo General Sindical para el Fortalecimiento de la Educación Pública del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.”

Indicaron que si Juan Díaz de la Torre celebra un Congreso Nacional de manera ilegal y a pesar de la suspensión concedida, incurrirá en delitos.

“Es delito de ostentarse como Presidente del SNTE sin serlo y realizar actos con ese falso carácter está prohibido en el Código Penal Federal (en congruencia con la suspensión concedida). Artículo 244.- El delito de falsificación de documentos se comete por alguno de los medios siguientes: …V. Atribuyéndose el que extiende el documento, o atribuyendo a la persona en cuyo nombre lo hace: un nombre o una investidura, calidad o circunstancia que no tenga y que sea necesaria para la validez del acto;...”

De igual modo, comete administración fraudulenta si usa o autoriza fondos del SNTE a pesar de la suspensión concedida.

Este domingo maestros darán una conferencia de prensa en compañía de los abogados Carlos de Buen y Rodolfo Hernández Alcalá para abordar este asunto.