Laura Ruiz y Patricia Méndez

A siete meses del asesinato de la activista social Meztli Sarabia Reyna, la Fiscalía General del Estado (FGE) argumenta no tener integradas pruebas que se conocieron de inicio y se consideran relevantes.

Así lo denunció su hermano Tonatiuh Sarabia Amador en una marcha de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, para demandar avances a más de medio año del homicidio.

El también litigante de la organización recordó que en el lugar del asesinato el personal forense de la fiscalía encontró la credencial de un militar, pero que en las reuniones que se han tenido con la FGE le han negado que esto esté integrado.

La negación, agregó, podría ser sólo parte de la información que les han dado para salir del paso y complicar la investigación.

"No sé si realmente nada más sea un dicho de ellos por salir del paso dentro de estas generalidades o verdaderamente no lo hayan incluido, eso nos podría complicar mucho la resolución de este asesinato", comentó.

Desde el asesinato acontecido el 29 de junio de 2017 en las oficinas de la UPVA en el Mercado Hidalgo se han tenido dos reuniones con las autoridades en las que según Sarabia Amador les han notificado generalidades.

El lento actuar, lamentó Sarabia Amador, es contrastante con la reacción que las mismas autoridades estatales tuvieron cuando encarcelaron a su papá Rubén Sarabia Sánchez en diciembre de 2014.

"Para detener a Simitrio la solicitud que se hizo desde el gobierno del estado hacia el Juez Penal se hizo a las 4:50 de la tarde del día 18 de diciembre de 2014, al otro día, a las 11 de la mañana con 30 minutos Simitrio estaba siendo detenido a las puertas de Gobernación municipal.

"Menos de 24 horas se tardaron para darle trámite a la detención contra Simitrio y en el caso del asesinato de Meztli llevan siete meses y no han podido avanzar", dijo.

En la marcha realizada este lunes a Casa Aguayo los activistas también protestaron en contra del retiro de rutas de transporte público del Mercado Hidalgo y en contra de la Ley de Seguridad Interior.

Asimismo se caracterizó por la participación de Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas, liberados de prisión el sábado tras demostrarse su inocencia en acusaciones por una gresca con otros comerciantes ocurrida en mayo de 2015.

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Incluyen a Meztli en informe mundial contra ataque a defensores

Meztli Omixochitl Sarabia, hija del líder moral de la organización de comerciantes "28 de Octubre", Rubén Sarabia Sánchez, forma parte de los 31 defensores de derechos humanos asesinados en México durante 2017, y de los 312 que mataron en el mundo durante el año pasado.

Así lo revela el informe anual de la organización internacional Front Line Defenders, el cual detalla los ataques físicos, amenazas, el acoso judicial y las campañas de desprestigio utilizados para obstaculizar el trabajo pacífico de los activistas en el mundo.

En promedio, seis de cada 10 luchadores sociales asesinados en México, defendían derechos sobre la tierra, al medio ambiente y de los pueblos indígenas,casi siempre en el contexto de actividades de industrias extractivas, megaproyectos y grandes empresas.

Meztli Sarabia, en la lista de activistas asesinados en 2017

Fue el 29 de junio cuando sicarios arribaron a las instalaciones del Mercado Hidalgo localizado al norte de la ciudad, y privaron de la vida a Meztli, posteriormente huyeron y hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables.

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Después de siete meses del homicidio de Meztli, no existen datos de los autores intelectuales, por lo que la agrupación ha amagado con continuar sus protestas a nivel local y nacional si las autoridades estatales no esclarecen los hechos.

Según el reporte de Front Line Defenders, solo el 12 por ciento de todos los casos de asesinato dieron como resultado el arresto de sospechosos. "La impunidad ante actos de violencia y la insuficiencia crónica de protección para defensores en riesgo continúa generando el clima de frecuentes asesinatos", señalan en el documento.

Por otra parte, la agrupación alertó que el 84 por ciento de los defensores habían recibido al menos una amenaza de muerte antes de ser asesinados. En el caso de la hija del líder de la UPVA, ya había sido privada de su libertad en abril de 2016, e incluso encañonada por presuntos policías ministeriales.

"Los homicidios casi siempre ocurren después de una serie o patrón de amenazas, lo que indica que si la policía tomase medidas preventivas y las autoridades tomasen en serio las amenazas contra los defensores, los asesinatos podrían reducirse drásticamente", apuntaron en el documento.