La implementación de esquemas de aseguramiento de vivienda público- privadas ante posibles desastres naturales permitiría reducir la población afectada y las pérdidas económicas que provocan estos fenómenos, al hacer asequible la contratación de seguros.

Así lo recomienda el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, en un estudio en el que refiere que las pérdidas económicas relacionadas con catástrofes naturales de los últimos seis años representan el 0.2% del PIB mundial.

En México, los eventos más recientes fueron los sismos del 7 y 19 de septiembre, que representaron 231 mil 341 viviendas afectadas en 8 estados, de las cuales 31 mil 026 (13.4% del total) correspondieron a Puebla.

Sin embargo, en todo el país sólo el 25% de las viviendas están aseguradas contra daños por desastres naturales por los costos que estos implican, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Esquemas de aseguramiento

Bajo este contexto, el Banco Mundial, Moody's y Swiss Re recomiendan la implementación de asociaciones público- privadas para reducir los costos al asegurar las viviendas ante posibles catástrofes naturales.

El Instituto Belisario Domínguez señala que estas asociaciones se pueden presentar en tres modalidades: mitigación de riesgo, subvenciones y obligatoriedad.

El primero consiste en el que el gobierno regule los procesos y materiales para la construcción de vivienda en zonas con riesgo a sufrir un desastre natural, lo cual permita disminuir los costos de contratación de los seguros de las empresas.

Por subvenciones, los gobiernos podrían financiar las primas de seguro de las personas con menos recursos; o al hacerlo obligatorio, las aseguradoras podrían reducir las primas al ampliar el número de usuarios.

Asegurados deben responder ante cualquier catástrofe

Tras los sismos de septiembre, el Instituto Belisario Domínguez hizo un llamado a las aseguradoras para que también respondan por los terremotos o huracanes que azoten a los estados.

Sucede que las aseguradoras no incluyen está protección en sus pólizas básicas, salvo estipulación en contrario del contrato, según lo establece la propia Ley sobre Contrato de Seguros.

En este sentido, propone una modificación a la legislación para que se incluya este rubro y las empresas respondan ante estos eventos "default", como el propio instituto lo solicitó.

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