Los últimos donativos que la Fundación Mary Street Jenkins realizó en Puebla y Guadalajara, evidencian que su patrimonio es mucho más alto que el que han dado a conocer sus directivos.

Así lo señaló Guillermo Jenkins de Landa, quien sostiene una disputa en contra de los patronos de la donataria, pues asegura que éstos han desfalcado su capital y lo han desviado a paraísos fiscales como Barbados y Panamá.

“Es una tomada de pelo”, expuso el primogénito de la familia Jenkins, pues recordó que de manera oficial los directivos de la fundación aseguran que el patrimonio asciende a 90 millones de pesos, pero los recientes donativos que entregaron en Puebla y Guadalajara rondan los 100 millones.

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Donativos evidencian farsa, asegura

De acuerdo con las denuncias que Guillermo Jenkins ha hecho sobre el destino del patrimonio de la fundación, el cual tenía el fin de apoyar proyectos educativos y otros de carácter social, los bienes por más de 3 mil 750 millones de pesos que acumuló desde su creación, ahora reposan en la empresa FPDL S.A. que es administrada desde una nueva fundación con domicilio en Panamá.

Los bienes de la asociación suman 19 inmuebles en Puebla y el estado de México, entre predios, casas y edificios; 21 automóviles, un helicóptero, medio centenar de obras de arte, acciones en empresas y cuentas bancarias, según ha señalado el inconforme.

En contraste, en los documentos actuales de la constitución de la fundación, se indica que el patrimonio únicamente asciende a 90 millones de pesos y que este tiene carácter de “intocable”.

Sin embargo, el primero de diciembre pasado se entregó al gobierno de Puebla un donativo por 50 millones para apoyar la reconstrucción de inmuebles dañados por el sismo de septiembre, cantidad que superaría más de la mitad de su patrimonio, lo que suena irrisorio según consideró el inconforme.

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Por otra parte, recordó que en noviembre de 2017, la fundación otorgó otro donativo, en esa ocasión al Patronato del Conjunto de Artes Escénicas de la Universidad de Guadalajara, por un monto de 2.7 millones de dólares, lo que demuestra que el argumento de que su patrimonio es de 90 millones de pesos resulta “una tomada de pelo”.

Jenkins recordó que, además, en octubre de 2016, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) retiró el permiso a la fundación para que fuera donataria autorizada, por lo que no puede realizar donativos.

En su opinión, el empresario poblano Gilberto Marín Quintero es una de las personas que está detrás de esas operaciones financieras, debido a que tiene intereses financieros en el caso.

Recordó que la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla –encargada de vigilar a las asociaciones filantrópicas–, ya solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) y al SAT que investiguen la situación financiera, en 2016, por lo que se pronunció porque esta instancia dependiente del gobierno de Puebla emita un informe al respecto.

Añadió que el objetivo del pleito legal es que el patrimonio de la fundación sea restituido a Puebla, ya que su fin era apoyar proyectos educativos en el estado.