En medio de una discusión entre los magistrados Gerardo Saravia Rivera y Fernando Chevalier Ruanova, el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) ratificó la decisión del IEE de aplazar hasta 2019 la solicitud que organizaciones políticas presentaron para ser reconocidas como partidos estatales.

La sentencia, la cual se avaló por mayoría de votos,  fue para cumplir con la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  de resolver en un plazo de dos días, el recurso de apelación que presentó Elieser Popócatl Castillo, líder de la organización política Partido Ciudadano Anticorrupción (PCA).

El proyecto a cargo de Fernando Chevalier Ruanova confirmaba el acuerdo CG-AC-003/17 del Instituto Electoral del Estado (IEE) , el cual se aprobó en marzo y en el que se determinó posponer  hasta 2019 el análisis y aprobación de la manifestación de interés de las organizaciones que pretenden el reconocimiento como partidos políticos estatales.

La postura que asumió Chevalier Ruanova le valió la crítica de Gerardo Saravia Rivera. En una de sus intervenciones, el magistrado sentenció que como integrantes del TEEP no podían ser “alcahuetes” ni “defensores de oficio” de autoridades que vulneraban el derecho humano a la asociación política.

Incluso, Saravia Rivero acusó que los consejeros recurrieron a utilizar como argumento que ante la cercanía del proceso electoral, no contarían con el tiempo necesario para analizar las solicitudes de registro de las organizaciones políticas, lo cual –sostuvo- desvela que la intención es “librarse” de sus responsabilidades.

“No somos abogados litigantes, no somos defensores y tiene que quedar claro, no somos defensores de oficio de nadie, tampoco podemos ser alcahuetes de actos arbitrarios de las autoridades, cualquiera que sea ella, misma que desde mi óptica se encuentra realizando acciones fuera de la ley, lo único que parece es que quiere librarse de una carga de trabajo excesiva que de por sí ya va a tener”.

En su respuesta, Chevalier Ruanova manifestó que la posición adoptada por su compañero revelaba un sesgo en favor de las agrupaciones ciudadanas, y que no respondía a los lineamientos que contiene el código electoral para permitir o no el registro de nuevos institutos políticos.

Incluso, el magistrado -ligado al morenovallismo- afirmó que si bien la Constitución consagra como derecho humano la libre asociación, ésta tiene que darse en un marco de certeza y legitimidad, como lo propuso el IEE.