Ante la falta de capacidad operativa de la Secretaría de Seguridad Pública (SPP) para aplicar las pruebas de control de confianza a guardias privadas, Mario Rincón González presentó una reforma que ampliará el plazo de 60 a 180 días para permitir que las empresas cumplan con la disposición.

La modificación propuesta por el diputado del PAN se da luego de que la dependencia estatal reconoció que operativamente no lograría que las 165 empresas cumplieran con la disposición que se establecerá en la Ley de Seguridad Privada.

El 1 de junio, los legisladores aprobaron modificar dicho ordenamiento para obligar a las empresas de seguridad privada a realizar pruebas de control de confianza a sus elementos.

La obligatoriedad de las pruebas de control de confianza representarán un ingreso para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), dependencia a la que las empresas de custodia deberán pagar 4 mil 335 pesos por cada elemento al que se le aplique la prueba de control de confianza.

La modificación a la Ley de Seguridad Privada la promovió en octubre de 2015 el exgobernador Rafael Moreno Valle, pero quedó pendiente de ser aprobada.

En su sexenio, Moreno Valle logró que la LIX Legislatura validara un proyecto que permite a la SSP hacerse cargo de un registro de empresas dedicadas a los servicios de resguardo.

En ese momento, los diputados facultaron al titular de la SSP a tener el control del padrón de las empresas de seguridad pública, elaborar y tener a su disposición un banco de datos de las particulares, implementar acuerdos con los prestadores de servicios, así como poner en marcha programas de capacitación y adiestramiento.

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