Jorge Aguilar Chedraui y David Villanueva Lomelí rechazaron que exista una práctica de dilación en el juicio de amparo con el que Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, busca dejar sin efecto el procedimiento de sanción en su contra por las irregularidades en su cuenta pública 2013.

El líder del Congreso y el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE) aseguraron que cumplieron con la entrega de los informes solicitados por el Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales.

Sin embargo, en los acuerdos publicados en el Consejo de la Judicatura, el juez federal dejó constancia que la documentación solicitada tanto al Congreso y la Ase se entregó al cierre de los plazos establecidos, así como que ésta no guarda relación con los actos a juzgar.

Por el retraso en el que incurrieron ambas instituciones, el integrante del poder judicial aplazó, por segunda ocasión, la audiencia que se celebraría entre ambas partes para el 28 de junio.

El juicio de amparo que Rivera Pérez promovió ante la instancia federal se originó por el incumplimiento del Congreso y la ASE para responderle, en un plazo no mayor a 30 días, si solventó las observaciones hechas a su cuenta pública 2013 en el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR).

En diciembre de 2016, el Congreso validó el procedimiento contra el exalcalde de Puebla y, de acuerdo a los plazos establecidos en la ley de fiscalización, la ASE y la Comisión Inspectora debieron informarle un mes después, en enero pasado, si justificó las irregularidades detectadas a su ejercicio fiscal por medio de una audiencia, la cual se le concedió hasta el 3 de abril.

El 5 abril, la Comisión Inspectora aprobó un dictamen que consideró inhabilitarlo por 12 años y sancionarlo económicamente por 25.5 millones de pesos, y que quedó firme en el pleno del Congreso.