La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre refutó las declaraciones de la Secretaría General de Gobierno en las que afirma que en Puebla no existen los presos políticos.

Al comunicado difundido el pasado 31 de mayo de 2017, la organización comercial respondió señalando que al negar la existencia de presos políticos se continúa  con la política de represión, despojo, imposición, soberbia, arrogancia y cerrazón del exgobernador Rafael Moreno Valle, impidiendo que el actual gobierno cumpla con sus promesas de reconciliación social hechas en su toma de protesta.

“..Negar la existencia de presos, procesados y perseguidos políticos es negar la realidad; repetir varias veces una mentira (como que los presos y procesados políticos lo son porque presuntamente son responsables de algún delito común) hasta que quien la dice se la crea como su verdad, es continuar la aplicación de la política de represión, despojo, imposición, soberbia, arrogancia y cerrazón del ex gobernador Rafael Moreno Valle, con la que ha impuesto su cacicazgo neoliberal y ganarse el derecho a servir más dócil y servilmente a los imperialistas estadounidenses y sus aliados en el mundo y su sirviente clase explotadora dominante mexicana”, apunta la UPVA 28 en un comunicado.

“Hacer lo anterior con uno de los funcionarios del primer círculo del anterior gobierno impuesto al actual es para impedir que éste cumpla su compromiso de desarrollar un gobierno de reconciliación social y de cercanía a la población”, agrega.

En el documento que circuló públicamente este jueves, la UPVA 28 de Octubre asegura al gobierno estatal que independientemente de su reconocimiento de los presos y perseguidos políticos, l continuará con la exigencia inmediata de libertad para  366 presos, procesados y perseguidos políticos en Puebla y advirtió que en tanto no se liberen, continuarán las jornadas nacionales y locales de lucha por su libertad y el derecho a la libre asociación.

La organización suma 5 presos políticos: Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, sus hijos Xihuel y Atl Tonatihu Rubén Sarabia Reyna; Luis Fernando Alonso Rodríguez y José Muñoz Villegas;  y 4 perseguidos políticos: Rita Amador López, dirigente de la UPVA  y esposa de Simitrio; María de la Luz Galvez Javier, “Julia”, esposa de Xihuel Sarabia; Sergio León López y Silverio Montes Silva, contra quienes se abrieron procesos legales.

El pronunciamiento del gobierno del estado se produjo luego de que los sacerdotes Alejandro Solalinde Guerra y  Raúl Vera López  y el académico Andrés Barreda, dirigieran una carta al gobernador Antonio Gali Fayad  para exigir la liberación de 366 personas que enfrentan cargos, procesos y procedimientos imputados, por razones políticas.