Karla Michelle Vera Báez, presidenta del Comisariado Ejidal de Ignacio Romero Vargas, rechazó las acusaciones en su contra por supuesta extorsión, amenazas y tráfico de influencias, hechas por poseedores de predios, propietarios de negocios y el párroco Jesús Salgado, por lo que los instó a presentar las denuncias correspondientes. 

En entrevista con e-consulta se deslindó del magistrado José Juan Cortés Martínez, extitular del Tribunal Unitario Agrario, distrito 37 de Puebla, al rechazar que esté coludido con él, y destacó que le negó la palabra en una audiencia pese a ser representante del Comisariado Ejidal. 

Asimismo, Vera Báez rechazó que el gobierno federal esté por iniciar un proceso de expropiación en Romero Vargas y en caso de que hubiera uno deberá tener la aprobación del Comisariado Ejidal. 

Presidenta del comisariado pide pruebas de acusaciones 

Karla Michelle Vera instó a quienes la acusan de extorsiones, amenazas y tráfico de influencias a acudir las instancias pertinentes a presentar las denuncias porque le causa “un daño a su persona, su honor y su imagen”. 

“Si aseveran eso por qué no han acudido a las instancias correspondientes. Que yo vendo tierras, cuáles tierras vendo, qué cuotas cobro. Se habla de la 25 Poniente, de la avenida Zavaleta, del Camino Real a Cholula (donde están los negocios en los que supuestamente cobra cuotas) esas son arterias del ejido de Romero Vargas”. 

Reconoció que el Comisariado Ejidal ha demandado ante el Tribunal Unitario Agrario a más de un “poseedor” de predios en el ejido, debido a que han realizado contratos privados de compra-venta, protocolizados ante notario público, en los que se cambia de régimen ejidal a propiedad privada sin que haya una expropiación de por medio. 

“Cuando encontramos esos casos, cuando hay contratos privados de compra-venta es cuando el ejido realiza demanda ante el Tribunal Unitario Agrario. Pero no es la única instancia, es la primera. Se sigue una segunda instancia que es el tribunal federal. Quien actúa es la Asamblea General de Ejidatarios, no yo en lo particular”, expuso. 

Rechazó que pida de 2 a 8 millones de pesos a los poseedores de predios y dueños de negocios a cambio de desistirse de los juicios. 

“Si el ejido se ve menoscabado en su patrimonio, va ante el Tribunal Unitario Agrario”, agregó. 

“Asamblea de ejidatarios es dueña de predio en Buena Vista”

De igual forma, rechazó que se haya intentado apropiar de manera irregular de un predio en la calle Unión, acto del cual surgió una denuncia en su contra por despojo, invasión de predio y daño en propiedad ajena. 

Al respecto manifestó que la Asamblea de Ejidatarios, y no ella, es la legítima propietaria del predio en cuestión. 

“La persona que hizo esa denuncia lo que presentó fue un poder de su bisabuelo para que verifique lo de sus terrenos. El bisabuelo ya murió, ese poder quedó sin efecto. La persona nunca acreditó tener la posesión, ni ser propietario”. 

Respecto al derribo de una barda en la calle Alborada por parte del ayuntamiento de Puebla, la presidenta del Comisariado ejidal subrayó que la justicia federal otorgó la suspensión provisional en contra de estos actos.

“El núcleo de población ejidal está en controversia con el ayuntamiento de Puebla ante el juzgado federal. Se definirá si forma parte del núcleo de población ejidal o pertenece al ayuntamiento”.

Se deslinda de magistrado del Tribunal Unitario 

Vera Báez se deslindó de José Juan Cortés, exmagistrado del Tribunal Unitario Agrario, distrito 37, al acusarlo de negarle la palabra en una audiencia. 

“No es mi padrino. Impidió el uso de la voz a un comisariado ejidal en una audiencia agraria. Si tuviera algún favoritismo no tendría por qué haberlo exhibido”, sostuvo mientras mostraba un desplegado de El Sol de Puebla donde narró los hechos.  

Rechazó que de parte de Cortés Martínez haya existido un favoritismo hacia ella como presidenta del Comisariado y agregó que desconoce que existan demandas en contra del togado. 

“La Sedatu no va a expropiar”

La presidenta del Comisariado insistió en que la Sedatu no tiene la intención de expropiar las 200 hectáreas del ejido de Romero Vargas y para que ello suceda requiere del visto bueno de la asamblea de ejidatarios. 

“Tendría que convocarse a la asamblea. No hay ninguna plática de regularización. No existe ningún procedimiento que haya autorizado la Asamblea de Ejidatarios”. 

Explicó que el proceso incluiría una convocatoria, expedida por el Consejo de Vigilancia o por el Comisariado Ejidal y se requiere de un quórum del 50 por ciento más uno.

“Si no hay quórum se hace una segunda convocatoria y en esa segunda convocatoria para ausentes y disidentes va a ser lo que diga la asamblea en ese momento. Para llevar a cabo la primera y segunda convocatoria existen plazos”.