Xalapa, Ver. – Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, podría pasar hasta 40 años en prisión por los delitos que se le imputan, de delincuencia organizada y lavado de dinero (en el ámbito federal), así como los de incumplimiento de un deber legal, coalición, tráfico de influencia, abuso de autoridad (en el fuero común).

Este fin de semana, Duarte de Ochoa fue detenido en el municipio Panajachel, en el departamento – estado – de Solalá por elementos de la Fiscalía General de la República de Guatemala, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), la Interpol y autoridades mexicanas. Lo anterior, en atención a la orden de aprehensión librada en contra del exmandatario, causa penal número 97/2016.

El exgobernador es investigado en el ámbito federal por la probable creación de 21 empresas fantasma que fueron sostenidas con presupuesto estatal y federal, y a la vez administradas por cómplices allegados al hoy detenido. Dichas anomalías fueron detectadas por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), misma que interpuso un total de 56 denuncias contra funcionarios del gobierno pasado.

De acuerdo con investigaciones federales, entre 2012 y 2013 la red de cómplices, integrada por funcionarios estatales del sexenio anterior, firmaron 73 contratos para la adquisición y reparto de bienes que serían destinados en sectores sociales vulnerables, pero nunca fueron entregados.

Cabe mencionar que la ASF hizo público en su portal de trasparencia que la administración duartista provocó un daño patrimonial estimado en los 55 mil millones de pesos en los primeros cinco años de su administración (2010 -2015).

Lo recién expuesto, sirvió de argumento jurídico para que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México girara una orden de aprehensión en contra del exgobernador priista por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y delincuencia organizada.

El delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con el Código Penal Federal se purga con una pena de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa, misma podría verse incrementada hasta los 22 años tras las rejas si el responsable ocupó un cargo público, que implicara la administración de recursos.

En el caso de delincuencia organizada, puntualizan los expertos, el delito es probable al haber más de tres personas involucradas y que los agravios se hayan cometido de manera organizada, con patrones de conducta y siempre con un líder o autor intelectual, en este caso Javier Duarte. El castigo de este ilícito va de los 20 a los 40 años de prisión.

Cinco delitos contra duarte del fuero común

En Veracruz, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (ORFIS) interpuso diez denuncias penales por desvíos detectados en la administración de Javier Duarte, por un monto acumulado de 13 mil millones de pesos, en cinco años de ejercicios fiscales (2010 – 2015).

La administración pasada no habría entregado a los 212 municipios de la entidad recursos federales, pero además tampoco los regresó a la federación, ni comprobó los gastos.

La última denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), interpuesta por e ORFIS, fue en enero de 2017 y se debió a que el gobierno estatal pasado retuvo sin justificación 504 millones 914 mil 218 pesos, correspondientes al Fondo para Zonas Metropolitanas.

Dichos recursos federales, debieron ser depositados a los fideicomisos de cuatro municipios: Veracruz, Xalapa, Acayucan y Coatzacoalcos, sin embargo, nunca se vio reflejado el pago. No obstante que los recursos estaban destinados a estudios, planes, evaluaciones, programas, proyectos, acciones, obras de infraestructura y equipamiento. 

Las acciones señaladas, dieron lugar a los delitos de peculado, tráfico de influencia, incumplimiento de un deber legal, coalición y abuso de autoridad (en el fuero común) en contra de Javier Duarte, por haber participado directa o indirectamente en los agravios el desvío de recursos del erario público.

Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, explicó el día de ayer domingo 16 de abril en rueda de prensa que los ilícitos mencionados fueron expuestos por la FGE para solicitar dos nuevas órdenes de aprehensión en contra de Javier Duarte y con ello sumarse a la solicitud de extradición del veracruzano iniciada por el gobierno federal.

¿Qué delitos se imputan a duarte?

Peculado: según el artículo 323 del Código Penal de Veracruz, se impondrán de cuatro a quince años de prisión y multa hasta de seiscientos días de salario al servidor público que, en provecho propio o ajeno, utilice o disponga de dinero, valores o cualquier otro bien que hubiere recibido en administración, depósito o por otra causa en razón de su cargo.

Tráfico de influencia: Se impondrán de uno a cuatro años de prisión y multa hasta de ciento cincuenta días de salario al servidor público que por sí o por interpósita persona, sin estar autorizado para ello y aprovechando el empleo, cargo o comisión que desempeñe, promueva o gestione la emisión o ejecución de un acto o resolución oficial en beneficio propio o de un tercero.

Incumplimiento de un deber legal: Para este ilícito la pena va de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que por razón en su empleo tenga conocimiento de que existe interés o posibilidad de lesionar el patrimonio de los Poderes Públicos o de alguno de los organismos autónomos de Estado y, en caso de Javier Duarte, no evite el daño si está dentro de sus facultades hacerlo.

Coalición: De acuerdo con el Código Penal veracruzano, el castigo para este delito va de seis meses a seis años de prisión y una multa hasta de doscientas veinte veces el salario; ello a los servidores que se unan para tomar medidas contrarias a una ley, para impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la función pública, en cualquiera de sus niveles de gobierno.

Abuso de autoridad: Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa hasta de cuatrocientos días de salario al servidor público que: indebidamente otorgue concesiones, permisos, licencias, franquicias, subsidios de impuestos estatales o de los municipios; a sabiendas aplique fondos públicos a un fin distinto al que estaban destinados o hiciere con ellos una erogación ilegal; realice inversiones, enajenaciones, adquisiciones o cualquier otro acto que produzca algún beneficio económico indebido, para sí o para otro.

Operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero): se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa, con la aclaración que la pena podrá ser duplicada si el responsable funge o fungió un carácter de consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, o las realice dentro de los dos años siguientes de haberse separado de alguno de dichos cargos.

Delincuencia Organizada: este delito se puede purgar hasta con 25 años de prisión, según el Código Penal Federal y se cataloga de esta forma al haber más de tres personas involucradas y que los agravios en contra del erario público se hayan cometido de manera organizada, con patrones de conducta y siempre con un líder o autor intelectual, en este caso Javier Duarte