• Política

Admite juez amparo de Rivera contra sanción del Congreso

  • Efraín Núñez
El 15 de diciembre los diputados iniciaron un proceso de determinación de responsabilidades por presuntas irregularidades en contra del ex edil de Puebla, que suman 411 millones de pesos
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El Juzgado Tercero de Distrito en materia de Amparo Civil, Administrativo, de Trabajo y de Juicios Federales admitió el juicio de amparo promovido por Eduardo Rivera Pérez, expresidente municipal de Puebla, en contra del inicio de un proceso administrativo de determinación de responsabilidades por 411 millones de pesos, aprobado el Congreso del estado.

El equipo jurídico del exmunícipe confirmó a e-consulta que la justicia federal aceptó el procedimiento legal que emprendió en contra del procedimiento administrativo, calificado por él mismo como una “persecución política”.

Sin embargo, se indicó que estará a la expectativa de la determinación de la justicia federal respecto a si otorga o no la suspensión del acto reclamado.

El 15 de diciembre el Congreso del estado inició un proceso de determinación de responsabilidades por presuntas irregularidades en contra del ex edil de Puebla, Eduardo Rivera que suman 411 millones 600 mil pesos en su cuenta pública 2013.

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Ese miércoles el hoy coordinador de estrategia electoral de la campaña de Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, subrayó que hay una persecución política en su contra.

El 13 de febrero de este año el exmunícipe acusó que la persecución en su contra es para “dejarlo fuera de la jugada” y una manera de detener sus “aspiraciones políticas” por la gubernatura de Puebla.

Entre las observaciones por las que se inició el proceso administrativo en contra de Rivera Pérez destaca la supuesta falta de documentación relacionada con obra pública construida en conjunto con la administración del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas e información comprobatoria de ingresos por cobro de espacios en mercados públicos.

También le observaron supuestos ingresos no depositados por el cobro de publicidad y hasta presuntas irregularidades en la compra de fertilizantes.

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