- Política
Suman 400 mdp los cargos del Congreso contra Eduardo Rivera
El Congreso del Estado inició un proceso de determinación de responsabilidades por presuntas irregularidades en contra del ex edil panista de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, que suman 411 millones 600 mil pesos en su cuenta pública 2013.
Con 26 votos a favor, nueve en contra, una abstención y una excusa los diputados aprobaron el proceso administrativo contra el ex edil de Puebla capital, en medio de acusaciones de una supuesta persecución política.
Cabe señalar que el panista es simpatizante de la aspirante presidencia Margarita Zavala, quien disputa la eventual candidatura de su partido al actual gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas.
Diputada del PRD defiende a Rivera
En tribuna, Socorro Quezada Tiempo, diputada local del PRD, acusó una persecución política en contra de Rivera Pérez, al tiempo de afirmar que el Congreso del Estado se convirtió en una “Santa Inquisición”.
“La persecución comenzó después de esa luna de miel con Moreno Valle. Lo que más lamento es el ánimo persecutorio para lo que pensamos diferente”.
[relativa1]
Priístas se niegan a votar en contra de Rivera
Por su parte, Pablo Montiel Solana, secretario de Gobernación en el trienio de Rivera, acusó que la Auditoría Superior del Estado (ASE) carece de facultades para revisar recursos de origen federal que le son cuestionados al exalcalde, por lo que propuso que el dictamen en su contra se regresara a la Comisión Inspectora.
“La revisión de los recursos federales son responsabilidad del Congreso de la Unión. Los dictámenes que se someten a consideración de este pleno carecen de fundamento. Solicito a la Mesa Directiva que los dictámenes sean devueltos a la Inspectora para el análisis de competencias”.
Recordó que en 2009 la Auditoría Superior de la Federación firmó un convenio con el Congreso local para auditar recursos federales, lo que no sucede en este caso.
Al final se inició el procedimiento con 26 votos a favor, nueve en contra (de los diputados del PRI y Julián Peña Hidalgo de MC) y una abstención se aprobó el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidades en contra del ex edil de extracción panista.
Panistas votaron contra Rivera
El grupo legislativo del PAN votó a favor del procedimiento en contra de Eduardo Rivera, quien fue dirigente estatal de ese partido.
Los diputados panistas fueron Jorge Aguilar Chedraui, Patricia Leal Islas, José Domingo Esquitín Lastiri, Corona Salazar Álvarez, Víctor León Castañeda, Sergio Moreno Valle Germán, Francisco Rodríguez Álvarez, Pablo Rodríguez Regordosa, Mario Rincón González, Jorge Othilio Hernández Calderón, Rocío Aguilar Nava y José Pedro Antolín Flores Valerio.
También votaron a favor de la investigación contra Rivera el grupo legislativo de Nueva Alianza conformado por Susana Riestra Piña, Cupertino Alejo Domínguez, Martha Maiella Gómez Maldonado y Cirilo Salas Hernández, así como el grupo legislativo del PRD, es decir, Carlos Martínez Amador, Ignacio Mier Bañuelos y Julián Rendón Tapia, con excepción de Socorro Quezada.
También votó a favor de la investigación el grupo legislativo de Compromiso por Puebla compuesto por Germán Jiménez García, Sara Chilaca Martínez, Evelia Rodríguez García y Carlos Daniel Hernández Olivares.
A ellos se sumó la diputada del PT, Lizeth Sánchez García, Ignacio Alvízar Linares (MC) y Geraldine González Cervantes (PVEM).
En contra votaron los ocho diputados del PRI, es decir, Silvia Tanús Osorio, José Chedraui Budib, Leobardo Soto Martínez, Maritza Marín Marcelo, Pablo Fernández del Campo Espinosa, Rosalío Zanatta Vidaurri, Sergio Salomón Céspedes Peregrina y Francisco Javier Jiménez Huerta.
A estos se sumó el diputado de MC, Julián Peña Hidalgo, mientras que Socorro Quezada votó en abstención.
Quienes se ausentaron de la votación fueron Mariano Hernández Reyes (PT), Juan Carlos Natale López (PVEM), Manuel Pozos Cruz (CPP) y Marco Rodríguez Acosta (PSI).
[relativa2]
Patricia Leal rechaza persecución política
Por su parte, la presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal negó una persecución política, debido a que “todo se hizo con base en análisis técnicos de la cuenta pública”.