Para acabar con las “sospechas” sobre la privatización del agua, el diputado Julián Peña Hidalgo propuso corregir la reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución local, con lo cual se delimitaría la participación de la federación y los municipios en la operación del servicio.

En su propuesta, Hidalgo Peña pidió a sus compañeros de legislatura dejar los “egos  políticos o la necedad”, y de esta manera adoptar en la Constitución local lo que establece el artículo 4 de la Carta Magna, en la cual hay claridad sobre la participación de la federación, los estados y los municipios para la regulación del servicio del agua.

“Si se ha dicho que no se privatiza el agua, qué más da entonces o cuál sería la objeción, la problemática, la necedad de no poner en la Constitución local exactamente lo mismo que dice en la Constitución federal, es decir, establecer la participación de la federación, de los estados y los municipios, con eso me parece que estaríamos terminando con estas suspicacias, con estas sospechas”.

Sin embargo, los legisladores rechazaron el proyecto de Peña Hidalgo, con lo que remitieron la iniciativa a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, órgano legislativo que se encargará de analizar el documento.

El 6 de enero, el Congreso avaló una reforma a la fracción VI del artículo 12 de la Constitución, la cual permitiría al Estado administrar y operar el servicio de agua potable en los municipios, según lo han acusado municipios inconformes.

El texto aprobado señala que: “El estado, conforme a las leyes, regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural”.

En contraste, la iniciativa de Peña Hidalgo contempla que: “El Estado, conforme a las leyes, regulará las bases y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de este recurso natural, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”.

No hay indicios de privatización

En la presentación del proyecto, Peña Hidalgo expuso que si bien no hay indicios de que el servicio del agua potable se privatizará ni de que se invadan las facultades de los ayuntamientos, no hay claridad sobre la intervención del Estado.

Los ayuntamientos de San Pedro Cholula,  San Miguel Xoxtla, Coronango, Zoquitlán, Juan C. Bonilla, Tlaltenango, Zoquitlán y San Gabriel Chilac, ya interpusieron o preparan controversias constitucionales ante la Suprema Corte de  Justicia de la Nación (SCJN).

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