La Asamblea Social del Agua (ASA) condenó el manejo electoral y partidario que se le quiere dar al asunto del agua y saneamiento y rechazó las declaraciones del gobernador de Puebla, José Antonio Gali Fayad, vertidas en medios de comunicación acusando que las críticas a la privatización tienen “un fin político”.

En un posicionamiento difundido hoy, ASA también invitó a la población a no tomar en cuenta información que le impida exigir al Estado su derecho humano al agua según las características que marca la ONU: suficiente, salubre, aceptable y asequible.

En el comunicado se retoma la declaración del gobernador del pasado 23 de febrero de 2017 en la que refiere: “Lo digo categóricamente: no se privatizará el agua y no se vale que algunos actores estén lucrando y distrayendo a la población con este tipo de cosas (…) Han de ser cuestiones políticas, yo así lo veo, lo que está detrás de estas expresiones”.

“Es del conocimiento público el esfuerzo que ciudadanos de todas las condiciones y sectores de la ASA, hemos realizado en defensa del Derecho Humano al agua, bien cultural comunal y público, para que como tal sea reconocido y sobre todo ejercido en el Estado de Puebla, apunta la asamblea.

La organización, que forma parte del frente nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, aseguró que ha realizado esfuerzos para combatir los severos impactos económicos y materiales resentidos por la población en materia de agua y saneamiento, entre ellos, la recopilación de firmas desde el 7 de abril de 2016, contra la reforma votada por el Congreso del estado.

Acusa en su posicionamiento que el  Congreso del Estado de Puebla reaccionó proponiendo una “fallida legislación “que no satisfizo a la ciudadanía y quedó muy lejos del espíritu y los preceptos del artículo 4o de la Constitución federal.

ASA recordó que los días  9 y 12 de enero de 2017, con más de mil, reiteró sus demandas de reconocimiento al derecho humano al agua; impulsar una iniciativa ciudadana de Ley del agua con participación de especialistas y ciudadanos: revertir la privatización del agua en la ciudad de Puebla, y, finalmente, un “gobierno del agua” para  transparencia, protección y regeneración de los mantos acuíferos sobre explotados por intereses mercantiles.

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