A 27 meses de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, la Coordinación por Ayotzinapa (Puebla) exigió el esclarecimiento de los hechos de la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

Con fotografías, flores y cantos de protesta en el zócalo capitalino miembros de esa organización conmemoraron dos años y tres meses de lo que calificaron como una de las expresiones más crudas de la violencia en México.

Rocío Lucero, integrante de la organización recordó que los “43 de Ayotzinapa” condensan las principales expresiones de lucha en el país: “por pobres, indígenas, estudiantes y desaparecidos activistas”.

Insistió en que junto a los más de 160 mil muertos, 25 mil desaparecidos, la más focalizada de la violencia  se dirige a activistas y luchadores sociales, los que son ejecutados por el estado.

Oradores del evento señalaron que recientes revelaciones periodísticas han dado cuenta de la existencia de un proyecto de resolución de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) que documentó graves irregularidades que comprometerían la legalidad y la certeza de la investigación del caso Ayotzinapa, incluyendo el derecho a la verdad de las víctimas por lo que el proyecto ha sido retenido y obstaculizado.

La investigación determinó –aseveraron- , entre otras cosas, la violación al derecho a la verdad por el ocultamiento de actuaciones realizadas en el Río San Juan que no fueron formalizadas en el expediente y que habrían repercutido en la posible manipulación y/o contaminación de evidencia.

Aseguraron que el proyecto de resolución indica que estas irregularidades deberían traducirse en responsabilidades administrativas y penales de diversos funcionarios.

“La omisión de la PGR en concluir la investigación, notificarla a los familiares, y sancionar a los funcionarios responsables, pone en evidencia un afán de encubrir tanto las irregularidades como sus consecuencias legales. Lo que es más grave aún: esta omisión representa un obstáculo para llegar a la verdad del caso, pues abona a que prevalezca una teoría de caso basada en pruebas ilícitas”, señalaron organizaciones en un posicionamiento.

“La PGR no ha negado la existencia del referido documento y ha señalado que éste continúa siendo analizado, agregaron. 

Entre las organizaciones firmantes están  Article 19, Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi, Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Centro Nacional De Comunicación Social (CENCOS), el  Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla entre otros.