Entre los nuevos consejeros estatales del PAN que fueron electos este domingo destaca Myriam Galindo Petriz, rectora de la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros (UTIM), en la que se han extendido facturas por 4 millones de pesos porsupuestos servicios para el Teleférico, aun cuando la institución no tiene ingenierías vinculadas con este tipo de obra.

Galindo Petriz, quien se ha negado a ofrecer una postura respecto a la autorización de estos montos, rindió protesta junto con el resto de los nuevos consejeros en una Asamblea, en la que se impidió el paso de panistas inconformes.

La nueva consejera estatal fue diputada local en la LVIII legislatura por el distrito de Atlixco. 

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El 4 de diciembre, se dio a conocer que la Universidad Tecnológica de Izúcar de Matamoros expidió facturas por rubros no relacionados con sus actividades educativas.

La primera es la número 356 para el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONAHPO), que se emitió el 3 de noviembre de 2016, por un importe de 1 millón 49 mil 800 pesos, por la “Presentación del Primer Informe de Avance. Servicio Especializado para Impulsar acciones de mejora y modernizar el desempeño de la Gestión Operativa del Fideicomiso”.

Otras facturas se expidieron para la elaboración de la “Integración de la Memoria Documental de las acciones relevantes desarrolladas, resultados y logros obtenidos en la Construcción del Teleférico Los Fuertes en la Ciudad de Puebla”.

Estas cinco facturas suman un total de 4 millones 39 mil 700 pesos, sin embargo la institución carece de una ingeniería relacionada con este tipo de tareas. 

Cuando fue diputada registró su casa de gestión en funeraria

e-consulta publicó en diciembre de 2013 que cuando fue diputada local por Atlixco, Myriam Galindo informó que su casa de gestión se hallaba en un domicilio ubicado en Avenida Hidalgo No. 1505, colonia Solares Grandes, de ese municipio.

Sin embargo, en esa dirección se encontraba la funeraria Cristo Rey, que es un negocio de hace muchos años de ella y su esposo. Sin embargo, carecía de algún letrero que lo identificara como casa de gestión.

Para el mantenimiento de sus casas de gestión, los diputados recibieron en dicha legislatura 48 mil 700 pesos mensuales, que debían de utilizarse para gestiones y pago a personal de apoyo de los representantes populares.

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