Datos del Primer Encuentro Nacional por los Presos Políticos, advierten que en nuestro país hay alrededor de 500 presos y perseguidos políticos. “De ellos, 241 son de Puebla, lo que convierte al gobierno morenovallista en el más letal para ejercer el derecho irrestricto a la manifestación de ideas y libertad de expresión”.

Así lo señala el punto de acuerdo que los diputados federales de Morena, Rocío Nahle García y Rodrigo Abdalá Dartigues, presentan este martes en la Cámara baja para exhortar al gobernador Rafael Moreno Valle a “que cesen las amenazas y el hostigamiento contra luchadores sociales y ciudadanos” de estado de Puebla.

El documento destaca que Puebla es el cuarto estado de la república con más personas en condiciones de pobreza: 64 por ciento de los poblanos está en esa situación, de acuerdo con datos Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), mismo que entre 2014 y 2016 ubicó a la entidad poblana en primer lugar de inequidad.

Los legisladores de Morena también resaltan que Puebla es la segunda entidad con más casos de trata de personas en México, “lo que significa que durante la administración de Rafael Moreno Valle, se dispararon las cifras en relación con la anterior administración, nefasta por cierto, de Mario Marín Torres”.

Añaden que de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, Puebla es uno de los ocho estados de la república donde se tienen detectados conflictos con comunidades indígenas, debido al despojo de tierras para proyectos y concesiones de la industria extractiva, saqueo de recursos naturales y persecución e inseguridad por la presencia del crimen organizado.

“En los 5 años y 10 meses de gobierno de Rafael Moreno Valle se ha perseguido y encarcelado a presidentes de juntas auxiliares, presidentes municipales, líderes indígenas, defensores del patrimonio arqueológico, campesinos, mototaxistas, transportistas, representantes de comerciantes y tianguistas, sindicalistas e incluso personas de la tercera edad”, advierten los diputados.

Recalcan que el actual gobierno estatal “ha sembrado miedo de forma sistemática en todos los sectores de la sociedad y la mayoría de medios de comunicación, a cambio de jugosos contratos que ocultan los excesos desde el aparato de gobierno, se prestan para legitimar acciones contra los ciudadanos”.

Los diputados hacen hincapié en que “cualquier manifestación opositora a los proyectos morenovallistas ha sido sofocada con toletes, gases lacrimógenos y balas de goma, aunada a la fabricación artificial de pruebas en contra de los manifestantes”.

En el punto de acuerdo, hacen un recuento de los casos más sonados de persecución política en Puebla, incluidos los casos de Juana Macuitl Cóyotl y su hija Ángela Macuitl, actualmente en prisión por haber demandado que la Red Urbana de Transporte Articulado permitiera el pago con monedas y no sólo con tarjeta.

El caso del abogado Adán Xicale Huitlé y su hijo Paul Xicale Coyópol, encarcelados por defender la zona arqueológica de Cholula de un proyecto urbanizador propuesto por Rafael Moreno Valle.

Así como del encarcelamiento de los presidentes auxiliares de San Miguel Canoa, Raúl Pérez Velázquez; y La Resurrección, Leonardo Sabino Bautista, por reclamar que se les permitiera seguir operando el registro civil, lucha que cobró la vida del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

También mencionan el caso del alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa,  sobre quien el gobierno estatal ha “desatado una guerra” por exigir la entrega de 40 millones de pesos de recursos federales etiquetados para “ampliaciones para proyectos de desarrollo regional” en 2016.

“En Puebla se persigue y encarcela a personas que defienden el medio ambiente, el patrimonio histórico y su derecho al trabajo; también se les encarcela a aquellos ciudadanos que rechazan los megaproyectos que pretenden despojar de sus recursos y patrimonio a las comunidades, por defenderse de medidas como el arrebato del servicio de registro civil a las juntas auxiliares”, aseguran los diputados federales.

Más aún, sostienen que el secretario de Gobierno del estado de Puebla, Diódoro Carrasco, “tiene instrucciones precisas de que nadie empañe la imagen de Moreno Valle y sus aspiraciones a la Presidencia de la República”, y para ello se recurre a la represión y persecución de quienes no están de acuerdo con las decisiones del gobernador poblano.

En ese contexto, los diputados Rocío Nahle y Rodrigo Abdalá pedirán que la Cámara baja exhorte al gobernador Rafael Moreno Valle “a cesar las amenazas y el hostigamiento contra luchadores sociales y ciudadanos de esa entidad y detener las constantes violaciones en materia de derechos humanos a cargo de su gobierno”.

También para que el gobernador respete la integridad personal del presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, y brindarle la protección necesaria.

La petición de los legisladores, incluye hacer un llamado a las Comisiones Nacional de los Derechos Humanos, y de Derechos Humanos del Estado de Puebla, para que hagan público el estado que guardan las quejas presentadas contra el gobierno estatal, por las constantes violaciones en materia de derechos humanos en contra de luchadores sociales y ciudadanos.

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