Además de los 8 mil 608 millones de pesos de deuda que Puebla registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) al cierre de 2015, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó pasivos por 24 mil 655 millones de pesos que el gobierno estatal no inscribió ante la dependencia.

La cifra es casi tres veces mayor a la deuda que la administración poblana sí notificó ante Hacienda.

Además, la diferencia entre lo reportado y no reportado alcanzó al final del año pasado los 16 mil 46 millones de pesos, lo que representó la cifra más alta de todos los estados del país.

El mismo organismo fiscalizador expuso que las entidades y los municipios sólo estaban obligados a inscribir en el Registro de Obligaciones y Empréstitos los compromisos garantizados con participaciones y aportaciones federales, por lo que se excluyen los pasivos de corto plazo, los contingentes y otras obligaciones que no consideran deuda pública.

Sin registro 24 mil 655 mdp ante la SHCP

El informe sobre el Análisis de Gestión Financiera de la ASF advierte que hasta 2015 Puebla contaba con obligaciones financieras reportadas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por 8 mil 608 millones de pesos, que incluye la deuda directa del gobierno estatal, la de organismos estatales y la de municipios que carece de aval o garantía de la administración local.

Sin embargo, por medio de la revisión a las cuentas públicas de la entidad, la Auditoría detectó otros 24 mil 655 millones 200 mil pesos que no están inscritas ante la SHCP.

De esa cantidad, 19 mil 39.2 millones de pesos corresponden a un concepto denominado “otros pasivos”, 5 mil 522.3 millones son deuda a largo plazo y 93.7 millones son deuda de corto plazo.

Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias (CEEY), indicó que aún no es posible determinar con certeza si estas otras obligaciones corresponden a obra pública contratada mediante el modelo de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) o Asociación Público Privado, pues la ley no le requiere a las entidades del país registrar ante Hacienda esos pasivos. 

No obstante, comentó en entrevista que no es difícil suponer que la cifra corresponde a todos los proyectos PPS que el gobierno poblano contrató, como el Museo Internacional Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS) y las plataformas de la armadora Audi que se encuentra en San José Chiapa. 

Recordó que esas obligaciones se liquidan con los recursos del Fideicomiso del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) que administra la empresa Evercore, figura que, conjuntamente con otros empresarios, él impugnó mediante un juicio de amparo.

Roberto Moya Clemente, jefe de la Oficina de la Gubernatura, reconoció en febrero pasado que el contrato del CIS requiere pagos mensuales de 15 millones de pesos por 25 años (4 mil 500 millones de pesos); al MIB se le destinan 26 millones mensuales por 23 años y tres meses (7 mil 252 millones de pesos) y a las plataformas de Audi 60 millones por 15 años (10 mil 800 millones). La suma de esas cantidades asciende a 22 mil 554 millones.

Legisladores y auditor son responsables 

El académico indicó que no sólo el gobierno del estado es responsable del crecimiento que han tenido las obligaciones financieras, sino también los legisladores locales que han aprobado las cuentas públicas estatales y el auditor general del estado, David Villanueva Lomelí, pues es el encargado de dictaminar las cuentas públicas. 

Resaltó que los pasivos que no están inscritos ante la SHCP son casi tres veces los que sí están reportados, ya que los primeros suman 24 mil 655 millones y los segundos 8 mil 608 millones de pesos.

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