Aunque la ley lo requiere, la administración estatal no ha registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) las obligaciones financieras contraídas por la contratación de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) para la ejecución de obra pública. 

La falta de transparencia en esos procedimientos se debe a que la Ley de Disciplina Financiera fue aprobada con “lagunas” que permiten a los gobiernos estatales evadir la inscripción de deuda pública que fue contratada de manera inconstitucional, de acuerdo con Enrique Cárdenas Sánchez, director general del Centro de Estudios Económicos Espinosa Yglesias (CEEY).

La nueva legislación, que entró en vigor en abril pasado, tiene el fin de evitar que los gobiernos de los estados y de los municipiosadquieran deuda pública de manera descontrolada, además obligarlos a transparentar los procesos de contratación de los créditos con los que ya cuenten. 

Una vez que la ley fue promulgada en abril pasado, las entidades federativas tenían un plazo de 180 días para para armonizar sus legislaciones con la federal, aunque especialistas estiman que esto ocurrirá hasta 2018.

Estado no ha inscrito proyectos PPS

La SHCP ya comenzó a publicar informes de obligaciones financieras de estados y municipios, con corte al mes de junio pasado, en el cual se indica que la deuda pública estatal del estado de Puebla y los ayuntamientos asciende a 8 mil 474 millones 613 mil 624 pesos.

De ese monto, 5 mil 570 millones 801 mil 349 pesos corresponden a los créditos que la administración estatal sostiene con los bancos BBVA Bancomer e Interacciones.

El Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado (Soapap) –actualmente concesionado a la empresa Concesiones Integrales– registra un saldo de 1 mil 874 millones 149 mil 411 pesos.

El organismo público descentralizado de la administración estatal Carreteras de Cuota Puebla (CCP) cuenta con obligaciones por 133 millones 561 mil 644 pesos. Mientras que el Fideicomiso Público de la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl tiene pasivos por 20 millones 504 mil 334 pesos. 

En los registros no figuran los contratos PPS que el gobierno del estado ha signado con empresas privadas para construir las plataformas de la armadora automotriz Audi en San José Chiapa, el Centro Integral de Servicios (CIS) y el Museo Internacional Barroco (MIB). 

Según reconoció en febrero el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Roberto Moya Clemente, el contrato del CIS requiere pagos mensuales de 15 millones de pesos por 25 años (4 mil 500 millones de pesos); al MIB se le destinan 26 millones mensuales por 23 años y tres meses (7 mil 252 millones de pesos) y a las plataformas de Audi 60 millones por 15 años (10 mil 800 millones). La suma de esas cantidades asciende a 22 mil 554 millones.

Municipios sí inscriben créditos por PPS 

La deuda de 36 municipios de Puebla asciende a 902 millones 596 mil 887 pesos, cantidad de la que la capital del estado absorbe el 56.7 por ciento, pues sus pasivos suman 512 millones 144 mil 281 pesos.

Posteriormente, los cinco montos más altos corresponden a los municipios de Xicotepec (85.4 millones), Chichiquila (32.7 millones), Huauchinango (26.2 millones), Coyomeapan (24.6 millones) y Zacatlán (24.5 millones).

Los montos más bajos corresponden a Atempan (818 mil 182 pesos), Xayacatlán (464 mil 859 pesos) y Francisco Z. Mena (173 mil 913 pesos).

Los PPS de seis municipios registrados en la SHCP corresponden a contratos con la empresa Infraenergía S.A. de C.V. para renovar sus sistemas de alumbrado público, los cuales son: San Salvador El Seco por 20.5 millones de pesos, Amozoc por 53.7 millones, Acatlán de Osorio por 68.8 millones, Libres por 18.1 millones, Atlixco por 151.6 millones y San Martín Texmelucan por 89.6 millones.

En entrevista con e-consulta, Enrique Cárdenas señaló que la Ley de Disciplina Financiera fue aprobada con lagunas que permiten a los gobiernos de los estados no registrar ante la SHCP su deuda contratada, como presumió, puede ser el caso de Puebla. 

Explicó que recientemente la SHCP ofreció al CEEY anexar a la ley un reglamento para que las entidades federativas transparenten créditos como los contraídos mediante PPS, sin embargo la dependencia federal aún no concreta su propuesta y esta quedó pendiente.

Por otra parte, el académico alertó que han notado que la deuda pública no se ha transparentado en estados en donde hubo elecciones y ganó el mismo partido en el poder, como el caso de Puebla. 

En contraste, dijo que en estados como Veracruz, Chihuahua y Sonora, se han descubierto presuntos casos de corrupción en cuanto a pasivos contratados de manera irregular, pues en las recientes elecciones ganó un partido distinto al que gobierna actualmente.

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