La Comisión Jurisdiccional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD declaró como “infundada” la queja que Ana Gabriela León García presentó en contra de Socorro Quezada Tiempo, líder estatal del Sol Azteca, a quien acusó de mal uso de los recursos públicos del partido.

La resolución que emitió el  órgano partidista se originó de la queja QO/PUE/445/2016 que León García, presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del PRD en Puebla, promovió en agosto pasado en contra de la líder estatal.

“De conformidad con los argumentos y preceptos jurídicos esgrimidos en el considerando VIII  de la presenten resolución se declara infundada la queja contra órgano presentada  por Ana Gabriela León García, presidenta del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en la ciudad de Puebla, en contra de María del Socorro Quezada Tiempo, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Puebla, registrada con la clave QO/PUE/445/2016”, se lee en el documento que validaron los integrantes de la Comisión Jurisdiccional del CEN perredista.

León García, quien pertenece a Nueva Izquierda (NI), corriente opositora a Quezada Tiempo, señaló que el CEE le retiró la entrega de las prerrogativas, por lo que demandó que se investigará el uso del financiamiento público y se realizara una auditoría a la gestión de la presidenta estatal.

En respuesta, la presidenta del CEE explicó que la suspensión de los recursos para el Comité Ejecutivo Municipal se debió a que León García no comprobó  los gastos del órgano partidista desde febrero pasado.

Ante esta situación, la Secretaría de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) determinó no proporcionar los 10 mil pesos mensuales que le corresponden a la dirigencia municipal del PRD para mantener sus gastos de operación.

A finales de septiembre, Quezada Tiempo advirtió que el proceso que León García había tomado en su contra era parte de una “embestida” por parte del gobernador Rafael Moreno Valle para tratar de desestabilizar su gestión como presidenta estatal del PRD.

Incluso, aclaró que de acuerdo a la Ley General de Partido Políticos, el manejo de las prerrogativas dependen directamente del titular de la Secretaría de Finanzas, en este caso de Ruth Castro Corona y no de ella, por lo que la demanda de su correligionaria no tenía sustento.

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