Mientras el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, afirmó que la recomendación que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió al gobierno de Puebla en 2014 por el desalojo violento de Chalchihuapan está prácticamente cumplida, los afectados aseguraron  lo contrario.

Este miércoles, la CNDH reveló que de los 11 puntos que contiene la recomendación 2VG/2014, se han cumplido seis y cinco están parcialmente cumplidos, según lo asentó en su “Informe especial sobre las recomendaciones en trámite dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales”.

Las violaciones fueron señaladas ante la Comisión a raíz del enfrentamiento que policías estatales protagonizaron con habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan el 9 de julio de 2014 para disolver una manifestación; en los hechos fue herido de muerte el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Cuestionado sobre el tema este jueves en una entrevista, Carrasco sostuvo que la información difundida sobre el estatus de la recomendación de la CNDH es falsa, pues el mecanismo está prácticamente cumplido.

Justificó que el pasado 26 de mayo, la Sexta  Visitaduría de la CNDH emitió un informe al gobierno poblano en el que afirma que la recomendación está “sustancialmente cumplida”.

El funcionario estatal entregó a representantes de los medios de comunicación copia del documento en cuestión, el cual refiere que los puntos primero, sexto y octavo de la recomendación tuvieron una “atención cabal”.

El primer punto se refiere a los procedimientos de responsabilidad  que debieron seguirse en contra del entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo  Rosas Rosas, y de los elementos a su cargo que participaron en el desalojo.

El sexto punto tiene que ver con el ofrecimiento de una disculpa institucional a las víctimas y sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos, así como establecer medidas para no repetir los hechos.

El octavo punto indica que se debía promover ante el Órgano Interno de Control de la SSP quejas en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos.

Carrasco reconoció que aún está pendiente por cumplir la resolución de los procesos penales que se abrieron en contra de los policías involucrados y de Facundo Rosas, así como el pago de una indemnización a Elia Tamayo Montes, madre del menor que fue asesinado. No obstante, indicó que el pago está disponible.

La recomendación no está cumplida, dicen los afectados

En tanto, Alejandro del Castillo, quien es representante de los pobladores que resultaron afectados, rechazó que la recomendación esté cumplida, e indicó que en breve emitirán un informe sobre el estatus del documento.

Explicó que uno de los pendientes consiste en el ofrecimiento de una disculpa pública por parte del gobierno del estado a los afectados, pues aunque la administración estatal realizó el evento, los agraviados consideraron que ello no fue suficiente, particularmente, la madre del menor de edad.

Por otra parte, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no ha emitido sentencia en contra de los servidores públicos involucrados. Recordó que en diciembre de 2014, cinco meses después los hechos, fueron liberados nueve policías involucrados, pues la autoridad penal modificó el delito por el que fueron inculpados de homicidio doloso a culposo, por lo que salieron libres bajo fianza.

También permanece sin cumplir la sanción administrativa en contra de los servidores públicos que participaron en el desalojo, pues éstos impugnaron las penalizaciones.

Por su parte, Hilario Gallegos, quien también es representante de los afectados, indicó que tampoco recibieron atención psicológica como lo solicitó la CNDH.

Según el informe presentado este miércoles por la Comisión, de los 11 puntos que contiene el documento, seis fueron cumplidos en su totalidad y cinco de manera parcial, los cuales son: La creación de una fiscalía, la reparación de los daños causados a las víctimas y el ofrecimiento de una disculpa institucional a las mismas. Así como la promoción de una queja ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los elementos involucrados y la presentación de denuncias penales.