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A casi 2 años aún no se cumple en Chalchihuapan, advierte CNDH

  • Patricia Méndez
Este miércoles presentó su Informe especial sobre las recomendaciones en trámite, de las cuales Puebla tiene dos abiertas
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Hasta este miércoles, aún están pendientes de cumplir cinco de los once puntos de la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, según lo dio a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Así lo expuso el organismo en su “Informe especial sobre las recomendaciones en trámite dirigidas a las autoridades federales, estatales y municipales”, presentado por el titular del organismo, Luis Raúl González Pérez.

Ahí se indica que entre 1990 y el 15 de marzo de 2016 se dirigieron 102 recomendaciones a diferentes autoridades de la entidad poblana, sin embargo ésta ocupa el quinto lugar nacional en cuanto a los procedimientos que fueron emitidos a presidentes municipales.

Chalchihuapan aún no está cerrado

Según el informe, hay dos recomendaciones dirigidas al gobierno de Puebla que aún se encuentran con cumplimiento parcial, por lo que aún no están cerradas.

Una de ellas es la 2VG/2014 que la Comisión emitió por violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el desalojo policiaco del 9 de julio en Chalchihuapan –hace casi dos años-, hecho tras el que perdió la vida el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

De los 11 puntos que contiene el documento, seis fueron cumplidos en su totalidad y cinco de manera parcial, los cuales son: La creación de una fiscalía, la reparación de los daños causados a las víctimas y el ofrecimiento de una disculpa institucional a las mismas. Así como la promoción de una queja ante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en contra de los elementos involucrados y la presentación de denuncias penales.

En marzo pasado, casi dos años después de los hechos, el gobierno de Puebla ofreció una disculpa a los afectados, entre ellos, Elia Tamayo Montes, madre del menor asesinado, pero éstos la rechazaron.

Arrastra Puebla un caso desde 2013

La segunda recomendación, 2013/56, se emitió por el fallecimiento de Derick Alberto Vega Serrano, a causa de los golpes que le propinaron elementos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Puebla, cuando lo detuvieron por presuntamente robar un tractocamión  en la carretera México-Puebla, el cual posteriormente se encontró en la explanada del Estadio “Cuauhtémoc”.

Derivado de ese caso, la administración estatal aún tiene pendiente cumplir de manera íntegra puntos como reparación del daño a los familiares, en cuanto a atención médica y psicológica; el desahogo de la averiguación previa, de los procedimientos administrativos impuestos en contra de los elementos policiacos involucrados; la inscripción en el registro de víctimas y la capacitación al personal de la Policía Ministerial.

Entre los elementos involucrados se encuentra Arturo Valerio Amador, quien se encontraba al frente de la Novena Comandancia de la Policía Ministerial del Estado, así como los entonces agentes Darwin Romero Sánchez, Israel Cabrera Morales, Adrián González Vázquez, Jaime Torres Damasón, Edgar Sánchez Herrera y Héctor Hugo Cuapan Cuaujitécatl.

Puebla, el quinto estado con más recomendaciones a municipios

El reporte indica que en el periodo de 1990 al 15 de marzo de 2016, la CNDH dirigió 19 recomendaciones a autoridades municipales de la entidad, las cuales están concluidas en su totalidad.

Esa cifra ubica a Puebla en el quinto lugar a nivel nacional, después de Oaxaca con 44, Guerrero con 39, Veracruz con 29 y Chihuahua con 21. Cabe señalar que la única entidad que no tiene municipios recomendados es Baja California Sur.

Al presentar el informe, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, exhortó a las autoridades a cumplir las recomendaciones pendientes, pues estas son institucionales, es decir no pertenecen a alguna administración en particular.

De los procesos concluidos, 66 fueron dirigidos al gobernador del estado, 19 a ayuntamientos de la entidad, ocho al Congreso local, cuatro a la Comisión de Derechos Humanos (CDH) local y tres al Tribunal Superior de Justicia.

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