Facultar a los comisionados para promover acciones de inconstitucionalidad; hacer públicos los gastos en publicidad, comunicación social, representación y viáticos; convertir en sujetos obligados a los fideicomisos, fondos públicos, sindicatos, forman parte de las disposiciones que destacan en la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información aprobada este miércoles.

La reforma que entrará en vigor a partir de este 5 de mayo en Puebla también contempla eliminar los acuerdos de reserva de información; pero amplia los plazos de contestación de solicitudes y consulta in situ.

Además los sujetos obligados contarán desde este jueves con un plazo de seis meses para actualizar la información con los lineamientos establecidos en el nuevo marco legal y cada tres meses deberán de hacer una nueva actualización de los datos.

Comisionados con nueva facultad

Además de transformar a la Comisión para el Acceso a la Información Pública en Instituto de Transparencia, la propuesta que impulsó el gobernador Rafael Moreno Valle faculta a sus integrantes a promover acciones de inconstitucionalidad.

Contrario a Ley de Transparencia y Acceso a la Información que se aprobó en 2011 en Puebla, el proyecto de armonización permitirá que sean los comisionados los que inicien dicho procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Los juicios que los comisionados podrán presentar ante el máximo tribunal serán en contra de las leyes expedidas por el Congreso que vulneren el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.

Una de las novedades del ordenamiento es que la destitución de los comisionados se dará a través de un juicio político, tal como lo establece la Ley General.

Pese a las nuevas facultades para los comisionados, la ley quita uno de los candados solicitados por las organizaciones civiles, el cual consistía en que los aspirantes deberían de contar con el respaldo de alguna institución educativa, tal como se estableció desde 2011.

La propuesta que se validó con 38 votos a favor no exige que los interesados presenten dicho apoyo.

Otro de los cambios criticados por académicos, es que se retira la disposición que la presidencia del Instituto de Transparencia la ocupará el comisionado que esté en los últimos dos años de su periodo.

En la ley que entrará en vigor se indica que el presidente lo elegirán los comisionados y no será necesario que estén por concluir su periodo de siete años.

Gobierno tendrá que transparentar gastos, inmuebles y fideicomisos

La información generada desde el 5 de mayo de 2015 en los rubros de representación y viáticos, comunicación social y publicidad oficial, los contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, fondos públicos y fideicomisos tendrán que transparentarse y ser parte de los datos que integrarán la Plataforma Nacional.

La administración de Moreno Valle también deberá hacer públicos el inventario de bienes, muebles e inmuebles, donaciones, el total de las plazas de confianza y personal de base, las sanciones administrativas definitivas especificando la causa de la sanción, el listado de jubilados y pensionados con los respectivos montos que reciben.

En materia fiscal, la administración estatal tendrá que informar sobre los programas, de subsidios, estímulos y apoyos; los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos.

De igual manera tendrán que informar de los procedimientos que desde hace un año se llevan en materia de licitación, invitación restringida y adjudicación directa.

Se amplían plazos y se crea un Consejo Consultivo

Pasa de 10 a 20 días el plazo para la contestación de las solicitudes de información, y de 15 a 30 la revisión in situ, según lo señala la nueva Ley de Transparencia.

Los plazos de reserva también tienen un cambio al reducir de siete a cinco los años, y se eliminan aquellos acuerdos de reserva los cuales serán sustituidos por un índice de expedientes clasificados.

Los comisionados recibirán apoyo de un Consejo Consultivo, integrado por tres personas con experiencia en la materia, provenientes de organizaciones de la sociedad civil y la academia para ocupar el cargo honorífico.

La integración del Consejo Consultivo se renovará cada tres años.