Sólo con cambios de forma y por unanimidad, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales  y Transparencia aprobaron la iniciativa de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, proyecto que dejará bajo reserva la información que así se haya catalogado del 1 de febrero de 2011 hasta el 4 de mayo de 2015.

A pesar de que desde la semana pasada las bancadas del PRI y PVEM señalaron que el proyecto que presentó el gobernador Rafael Moreno Valle y las fracciones aliancistas tenía visos de inconstitucionalidad, este lunes dieron su voto a favor tras las correcciones hechas.

Al respecto, Silvia Tanús Osorio, líder de la fracción del tricolor, señaló que se hicieron los cambios que afectarían los derechos de los ciudadanos, así como que incumplían con la Carta Magna y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Las disposiciones que contenía el proyecto original y que fueron eliminadas corresponden a las propuestas de que no se entregaría información bajo el argumento de seguridad nacional, que los ciudadanos nombraran a un representante legal al hacer consultas y que se contemplaban reservas en procedimientos en contratos.

La priísta señaló que tras la discusión, corrección y aprobación en comisiones de la iniciativa, ésta se aprobará el próximo miércolesen la sesión extraordinaria.

Reserva de información es disposición federal: Natale

De la reserva de la información generada en más de la mitad del sexenio, Juan Carlos Natale López, coordinador del Verde Ecologista, precisó que la disposición no es un candado establecido desde el gobierno de Puebla, sino que así lo marca la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

En entrevista, el diputado señaló que la normativa federal precisa que las nuevas obligaciones de transparencia aplicarán a partir del 5 de mayo de 2015 para todas las entidades federativas.

Además -explicó- el plazo de seis meses para transparentar todos los datos de los sujetos obligados, se estipuló en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y fue una medida para poner en marcha la plataforma nacional.

Con esta consideración legal, el gobierno de Rafael Moreno Valle no estará obligado a transparentar la información concerniente acontratos, licitaciones, permisos, gastos de comunicación social y publicidad, así como el contrato que desde noviembre de 2012 se hizo con la empresa financiera Evercore.

La firma, propiedad de Pedro Aspe Armella, administra los ingresos que el estado recibe por concepto de Impuesto Sobre la Nómina(ISN), los cuales  se utilizan como garantía de pago del Museo Internacional Barroco (MIB), el Centro Integral de Servicios (CIS) y la plataforma de Audi, obras que se concretaron bajo el esquema de PPS.

Aunque el proyecto no obligará al gobierno a hacer pública la información que se generó antes del 4 de mayo de 2015, la nueva ley considera que los fideicomisos y fondos públicos que utilicen recursos públicos deberán de poner a disposición los datos.

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