A casi un año de que policías ministeriales cerraron la radio comunitaria de Santa María Zacatepec, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, pobladores denunciaron ante la Comisión de Derechos Humanos  (CDH) Puebla que son víctimas de persecución por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En conferencia de prensa a las afueras del edificio de la Comisión, Norma Ramírez, integrante de la emisora, expresó que el estado ha utilizado el aparato judicial para acallar el derecho a la libre expresión de su comunidad, la cual cuenta con un gran porcentaje de personas que hablan náhuatl.

Solicitó al organismo estatal que realice una recomendación a la Fiscalía General del Estado (FGE), encabezada por Víctor Carrancá Bourget, por el agravio del que han sido objeto la comunidad, la radio y la familia dueña del inmueble. 

Por su parte, la coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México (AMARC), Irina Vázquez, calificó como desmedido el proceso que a más de un año ha impedido que el inmueble usado como cabina por la radio comunitaria, aún no sea devuelto con el argumento de continuar las investigaciones por sospecha de venta de drogas y estupefacientes.

El pasado 30 de mayo de 2014, una llamada anónima movilizó al ministerio público, el gobierno del estado y del municipio de Juan C. Bonilla para asegurar el inmueble bajo la averiguación previa 259/2015/AMP04, a pesar de no haber encontrado instrumento ilícito alguno, ni droga o estupefacientes. Sólo micrófonos, fotos, sillas y computadoras.

Un año después, el hostigamiento no se ha detenido. La Fiscalía aprovecha hasta la fecha la solicitud de devolución para interrogar a comunicadores llevando al extremo cuestionamientos cómo “¿Cuántos programas hay en la radio comunitaria? ¿Quién fue la persona que motivó que se formara la transmisora?, ¿Quién compró el equipo?”, dijo Irina Vázquez.

Para los comunicadores de Radio Comunitaria Zacatepec estas preguntas no tienen nada que ver con el proceso simulado ni los supuestos hechos de los que se les acusa, pero sí son la evidencia de una persecución que se ha emprendido contra el espacio radiofónico que ha mantenido informada a la comunidad de temas sensibles como la instalación de “proyectos de muerte” y de fiscalización al gobierno municipal, subrayó.

“Esta es una clara violación contra la libertad de expresión”, dijo Miguel López Vega, quien junto con su equipo acudió a la CDH Puebla a interponer  una ampliación de su queja, llevando además un expediente con pruebas contra el proceso y señalar sus irregularidades.

Sólo habría sanción administrativa, no penal, señalan

Norma Ramírez recordó que el cierre de la radio comunitaria se debió a que supuestamente se vendían drogas al interior del inmueble, lo cual es falso, dijo.

Criticó que la autoridad limite su libertad de expresión y pretenda sancionarlos penalmente cuando a una radio comunitaria sólo se puede sancionar administrativamente.

Detalló que a pesar de que han tramitado diversos amparos para la devolución de la radio comunitaria, la autoridad se ha negado a regresar el inmueble y a dejar de perseguirlos.

CDH recibe queja

La Comisión de Derechos Humanos del estado de Puebla informó por la tarde que recibió la queja de los peticionarios en contra de actos del presidente municipal y director de Seguridad Pública del municipio de Juan C.Bonilla, así como de la Fiscalía General del estado y el Juez de lo Penal del Distrito Judicial del municipio de Cholula.

El organismo indicó que realizará las investigaciones necesarias a fin de identificar si hubo violaciones a los Derechos Humanos y en su momento dará una resolución.

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