Más de una veintena de sanciones administrativas impuso la administración estatal actual en contra de integrantes del anterior sexenio, a cargo de Mario Marín Torres, tres de las cuales fueron contra funcionarios de primer nivel y únicamente una derivó en encarcelamiento.

En el marco de las campañas electorales, este miércoles corrió el rumor de la aprehensión de Javier García Ramírez, acusado de enriquecerse ilícitamente cuando fungió como secretario de Obras Públicas de la gestión marinista, el cual hasta ahora no se ha confirmado.

En noviembre de 2014, el gobierno del estado ventiló que existía una investigación abierta en contra de Valentín Meneses Rojas, quien fue secretario de Gobernación y vocero del anterior sexenio, hecho que el ex funcionario acusó de tener un tinte electoral, previo a las elecciones federales de 2015. Hasta ahora se desconoce el estatus de la indagatoria.

Sólo una aprehensión

Hasta ahora, sólo Alfredo Arango García, quien se desempeñó como secretario de Salud, purgó una sanción penal por enriquecimiento ilícito de más de 54 millones de pesos. El ex funcionario quedó en libertad en diciembre de 2013, tras pagar una multa de un millón y medio de pesos por una pena conmutable de cuatro años en prisión.

En diciembre de 2015, cinco años después de que Arango concluyera su gestión, el Congreso local le inició un Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por no comprobar el uso de los recursos públicos de su cuenta pública en 2011.

Lo mismo ocurrió con Rodolfo Chávez Carretero, ex titular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCE).

Las ordenes de aprehensión pendientes

La administración del gobernador Rafael Moreno Valle también giró una orden de aprehensión en contra de Javier García Ramírez en2012, de quien se rumoró que el pasado miércoles había sido detenido en París, Francia, sin embargo, hasta ahora ello no se ha confirmado por las autoridades competentes.

No obstante, la Contraloría estatal inhabilitó por 12 años para ocupar cargos públicos a García Ramírez, periodo que abarca del 24 de agosto de 2015 hasta agosto de 2027.

Cabe recordar que a nivel judicial, García fue encontrado responsable del delito de enriquecimiento ilícito, calculado en poco más de 23 millones de pesos y se le atribuyeron 32 propiedades.

Otra detención pendiente es la de Gerardo Pérez Salazar, quien se desempeñó como secretario de Finanzas y Administración (SFA), no obstante, el ex funcionario recurrió a un amparo.

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Sanciones administrativas

Entre las sanciones administrativas que se emitieron por parte de la gestión estatal actual, destacan las impuestas a colaboradores de García Ramírez, como Efraín Ruiz Meneses, quien se desempeñó como subsecretario de Obras Públicas, quien fue inhabilitado por 12 años por incurrir en negligencia administrativa.

Sobre Ruiz Meneses, la PGJ también giró una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito en 2012, misma que hasta ahora no ha podido ejecutarse pues el afectado presentó un amparo.

Rodolfo Arellano Ortega, quien laboró como jefe del Departamento de Supervisión de Obra de la SDUOP también fue inhabilitado por 12 años, a partir de agosto pasado por incurrir en negligencia administrativa.

Otro ex colaborador de García Ramírez que fue inhabilitado por la Contraloría en 2015 es Mario Velázquez Villicaña, quien en el anterior sexenio laboró como director de licitaciones de la SDUOP, la sanción se estableció por un año por el delito de “violación en el procedimiento de contratación” y durará un año a partir de septiembre de 2015.

En 2011, el mayor número de sanciones

En el 2011, la Contraloría estableció un total de 61 inhabilitaciones entre las que destacan directivos de la administración estatal anterior, tales como la sanción por 12 años de Javier Ochoa Hernández, quien se desempeñaba como director de Servicios Aéreos.

En otro bloque de sanciones se encuentran  Francisco Pablo Astudillo y Sánchez y Rodolfo Rogerio Moreno McGregor, quienes fungieron como ex administradores de jurisdicciones sanitarias de la gestión estatal anterior.

También hay funcionarios de la hoy extinta Secretaría de Desarrollo Urbano, Ecología y Obras Públicas (Sguop), durante la administración anterior, entre los que sobresalen Natalio Nava Martínez, quien se desempeñó como supervisor de Obra; Eduardo Gutiérrez y Reyes subsecretario y Alberto Orozco Pintos quien era director de Obra.

También destacan los nombres  de Benjamín Cabrera Balcázar, quien era subdirector de Infraestructura de la Secretaría de Salud (SSA), así como José Ramos García, que laboró como director Técnico de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESO).

Otro nombre que sobresale es el de Manuel Alcántara Silva, quien se desempeñó como jefe del Departamento de Logística de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), pues fue inhabilitado por 12 años después de que fue acusado de defraudar a mototaxistas.

De igual manera sobresale Blas Villegas Lara y Benjamín Cabrera Balcázar, quienes eran titular y subdirector de Operación e Infraestructura de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento de Puebla (Ceaspue), respectivamente; en ambos casos su inhabilitación alcanza un periodo de 12 años.

En la lista de funcionarios públicos sancionados se encuentra Fernando Camargo Meza, quien fue director de Dictaminación y Trámite de la desaparecida Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Suman 24 casos en 2013 y dos en 2014

En el 2013 fueron un total de 24 sanciones las que resolvió la SC, entre las que destacan la correspondiente a Maribel Hernández Estrada por un lapso de 12 años, quien se desempeñaba como Coordinadora de Preescolares en San Pedro Cholula en la administración anterior.

Finalmente, en el mes de enero de 2014 la dependencia estatal resolvió inhabilitar por un periodo de ocho años a Sabel Gabriela Saldaña Páez, sanción que inició el día 22 de ese mismo mes y que concluirá en el 2022.