El Congreso del Estado aprobará el 4 de mayo la homologación de la Ley de Transparencia con el marco federal, precisó Jorge Aguilar Chedraui, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

Cabe señalar que el plazo para que los estados hagan las adecuaciones a sus leyes vence el 5 de mayo, y a la fecha faltan 24 estados por aprobar las reformas, entre ellos Puebla.

Aunque de manera oficial no se ha informado del avance que la Comisión de Transparencia tiene del proyecto de iniciativa que presentó el diputado Marco Antonio Rodríguez Acosta, el líder de la LIX  Legislatura aseveró que en las próximas dos semanas se tendrán listos los cambios en materia de transparencia.

En entrevista, Aguilar Chedraui precisó que el trabajo que realizan los integrantes de la Comisión de Transparencia en estos momentos, la cual preside Rodríguez Acosta, es el de estudiar la propuesta hecha por Jorge Machuca Luna, miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) capítulo Puebla.

Sin embargo, el panista no detalló cuáles son las recomendaciones que la organización pidió integrar en la iniciativa de reforma, y reiteró que el tema es una responsabilidad de Rodríguez Acosta.

La iniciativa para homologar la Ley de Transparencia con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información se presentó ante el pleno el 15 marzo, día en que concluyó el primer periodo ordinario de sesiones.

El proponente, Marco Antonio Rodríguez Acosta, representante de Pacto Social de Integración (PSI), afirmó que la iniciativa otorgará más facultades a la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) y aceptó que una de las disposiciones que se implementará es que todas aquellas entidades que manejen recursos públicos tendrán que informar sobre el uso de los mismos.

En ese esquema encajan los fideicomisos constituidos por el gobierno de Rafael Moreno Valle,  entre ellos que opera la firma financiera Evercore, la cual tiene el control del Impuesto sobre la Nómina (ISN).

No obstante, el legislador de PSI aceptó que existe la posibilidad de que tal disposición no aplique para el contrato financiero entre la particular y la administración estatal, debido a que se tendrá que discutir el efecto de retroactividad de la ley.