Un 5% de la población penitenciaria es de mujeres, de las cuales 70% se encuentra en abandono y entre 30 o 40% vive con un hijo menor en un cárcel de México.

La situación es grave y es necesario emprender acciones legislativas que garanticen sus derechos, manifestaron los participantes del foro “Reglas de Bangkok. Perspectivas para su aplicación”.

La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández, secretaria de la Comisión de Igualdad de Género, pidió armonizar el marco normativo en materia penitenciaria, incorporando el compromiso adquirido por México para asegurar, además, los derechos de sus hijas e hijos.

“Garantizar los derechos de las mujeres en esos procesos no puede ser visto como una dádiva; es una obligación del Estado asumir su responsabilidad y reconocer las brechas de desigualdad que existen.”

En el sistema de administración de justicia y penitenciario hay inercias y prácticas institucionales que subsisten y hacen que la discriminación y exclusión por condición de género impida a las mujeres acceder a un trato justo.

Rodríguez Hernández indicó que 5% de la población recluida en México son mujeres, y la mitad está en calidad de procesadas, encarceladas sin haber sido declaradas culpables, cuando podrían cumplir sanciones alternativas.

El desconocimiento de sus problemas para acceder a servicios de salud y a empleos que les permitan obtener recursos para atender sus necesidades; la falta de una capacitación que favorezca su reinserción y la ausencia de mecanismos para investigar y sancionar la comisión de delitos, no permiten avanzar en una legislación con perspectiva de género, por lo que este foro permitirá definir acciones que las atiendan.