Aún no está cumplida la recomendación por violaciones graves a las garantías individuales de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, según lo expuso el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, al presentar este martes su informe de labores 2015 ante el presidente Enrique Peña Nieto.

En el documento se indica que la recomendación “2VG/2014” tiene el estatus de “Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial”.

El pasado 23 de marzo, el gobierno de Puebla ofreció una disculpa pública a los habitantes de Chalchihuapan, que el 9 de julio de 2014 fueron desalojados de manera violenta por la policía estatal cuando llevaban a cabo una manifestación. Entre ellos, a Elia Tamayo, madre del niño  José Luis Tehuatlie Tamayo, quien perdió la vida tras las lesiones que recibió durante el enfrentamiento. 

Este acto forma parte de los 11 puntos que contiene la recomendación de la CNDH que hasta marzo pasado no se habían cumplido en su totalidad.

Sobre la disculpa, el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, indicó que la CNDH evaluaría el cumplimiento del punto, toda vez que los afectados no la aceptaron de inmediato y la condicionaron a la liberación del edil de la junta auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, quien actualmente se encuentra preso tras participar en el conflicto.

Sin embargo en el informe de labores que fue presentado este martes, la recomendación aún aparece como parcialmente cumplida.

Hay que recordar que otros puntos que aún no se cumplen de las observaciones hechas por la CNDH consisten en sanciones administrativas y penales contra servidores públicos que participaron en el operativo de desalojo, pagos de indemnizaciones a los afectados, pruebas balísticas y diálogo con organizaciones sociales. 

En uno de los 11 puntos se pide a la administración estatal que inicie procedimientos de responsabilidad en contra del entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, así como el personal a su cargo que participó en el enfrentamiento con los pobladores, pero ello no ha ocurrido, ya que el ex funcionario estatal impugnó la sanción y posteriormente renunció al cargo tras descubrirse que subordinados suyos protegían a ladrones de hidrocarburos.