Tres recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene pendientes por cumplir el gobierno delestado de Puebla: una por la tortura y asesinato de un presunto asaltante, otra por el desalojo violento de manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan y una más por negligencia médica en el Hospital General de Acatlán.

En los tres casos faltaría la reparación del daño a las víctimas identificadas por el organismo nacional.

Documentan tortura a detenido

De acuerdo con un informe de la CNDH, la recomendación 56/2013 contra el gobierno del estado aún no está cerrada, debido a que no se ha realizado la reparación del daño a los familiares, quienes no han sido localizados de manera telefónica o presencial.

El 16 de marzo de 2011, Derick Alberto Vega Serrano, originario de Veracruz, fue detenido junto con Hugo, R.; Israel, D., y José Luis S., por el robo de un tractocamión en el kilómetro 112 de la carretera federal México-Puebla.

De acuerdo con la CNDH, las cuatro personas fueron golpeadas primero por elementos de la Policía Federal, posteriormente puestos a disposición de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, donde los siguieron golpeando y los torturaron.

Los detenidos refirieron al organismo nacional que Derick se desvaneció en el trayecto a la Dirección de Servicios Periciales, por lo cual fue trasladado a la Cruz Roja, donde perdió la vida por una hemorragia interna provocada por golpes en el abdomen y también sufrió estallamiento de hígado, según refiere la CNDH en la recomendación 56/2013.

No encuentran a familiares

En el seguimiento que hace la Primera Visitaduría General al caso se menciona que el primer punto recomendatorio, correspondiente a la reparación de los daños ocasionados a los familiares de Derick Alberto, no se ha cumplido porque no se les ha localizado.

"Con la información aportada en la hoja de localización de las víctimas y/o familiares, se realizaron diversas llamadas telefónicas a fin de contactar a las personas referidas en el oficio de mérito y así dar cumplimiento a la instrucción, sin que esto haya sido posible porque no se logró el enlace telefónico en las diversas ocasiones en que se intentó el contacto por este medio", se indica.

Asimismo se solicitó a la PGJ todos los datos y expedientes necesarios para la ubicación de los familiares, a la par que se pidió apoyo a las autoridades del estado de Veracruz.

El estatus de la recomendación es "Aceptada, con pruebas de cumplimiento parcial", dado que se realizaron las capacitaciones a los policías ministeriales en derechos humanos, se acreditó la compra de equipo de video para los agentes y las sanciones a los servidores involucrados.

Aún hay pendientes

Con respecto a la recomendación 2VG/2014, la CNDH indicó que el gobierno del estado aún no ha cumplido con los once puntos recomendatorios por el desalojo policiaco en Chalchihuapan del 9 de julio de 2014, donde el menor de edad José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo resultó herido de muerte y otras 14 personas con lesiones graves.

En ese caso el seguimiento de la Sexta Visitaduría General refiere en un informe que la madre de José Luis, Elia Tamayo Montes, se ha negado a recibir la reparación del daño y existen dudas sobre el ofrecimiento de disculpas públicas.

Asimismo que la Fiscalía Especializada para el esclarecimiento de los hechos de este caso indicó que las averiguaciones previas no han podido avanzar "por la falta de confianza de los pobladores", mientras que los cuatro policías involucrados en la muerte de José Luis Alberto, de 13 años de edad, fueron liberados cinco meses después de los hechos.

Ocurre negligencia médica

Este año se dio a conocer la recomendación 51/2015 de la CNDH contra el gobierno del estado por negligencia médica ocurrida en el Hospital General de Acatlán, pues se dio atención tardía a una mujer embarazada, su bebé nació con daño cerebral y después falleció.

La recomendación surgió "por la inadecuada atención médica y violencia obstétrica, atribuibles al personal médico del Hospital General de Acatlán de Osorio, dependiente de la Secretaría de Salud de esa entidad federativa, que tuvieron lugar en 2014 en agravio de una mujer con 40.3 semanas de embarazo”.

Por ese motivo se solicitó al gobierno poblano reparar el daño ocasionado a la madre, que incluya una indemnización o compensación y se le otorgue atención médica y psicológica con oportunidad, calidad y calidez, que le permita restablecer su salud física y emocional.

A la par de dotar al hospital en cuestión de personal capacitado y suficiente, así como de equipo médico necesario.

También adoptar medidas efectivas para garantizar que los expedientes clínicos estén debidamente integrados; que el personal médico se certifique y recertifique ante los Consejos de Especialidades Médicas; impartir cursos de capacitación y formación en derechos humanos.

Al respecto la Secretaría de Salud del estado refirió que dio vista del caso a la Contraloría, que se separó del contacto con los pacientes al médico involucrado y que se realizará una investigación hasta las últimas consecuencias y por ahora no puede afirmar que se trate de un caso de negligencia.