La validación de firmas ordenada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a los independientes Ana Teresa Aranda, Ricardo Jiménez y Leodegario Pozos, confirma una vez más la ilegalidad con que ha procedido el Instituto Estatal Electoral (IEE) con Jacinto Herrera Serrallonga al frente, y pone de manifiesto cómo éste ha quedado descalificado para conducir con ética y certeza jurídica, el proceso electoral de junio de 2016, aseveró Alberto Peralta Merino, constitucionalista del movimiento Opción Ciudadana (OP).

Al respecto destacó lo sorprendente del intento del Consejo del IEE y de Herrera Serrallonga, de coartarle sus derechos políticos a los independientes, a pesar de que al respecto el artículo 16 de la Constitución Mexicana establece  que “La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos".

Según Peralta, que para frenar a los independientes, el IEE y Herrera Serrallonga ni siquiera tuvieron empacho para imponerles una materia jurídica que nada tiene que ver con lo electoral, y que ni siquiera está prevista en la Constitución: “Política y profesionalmente, esto es insólito y vergonzoso para un profesionista y servidor público”, subrayó.

Peor aún –agregó-, fue la resolución de dejar sin financiamiento a partidos políticos opositores al del gobernador Rafael Moreno Valle, con quienes en cambio ha sido de manga ancha para que sin ningún escrúpulo estén utilizando recursos públicos y estructura gubernamental para posicionar al otrora alcalde Antonio Gali Fayad.

Previsible la anulación jurídica de la elección

Por tanto y una vez que además, tanto el Congreso del Estado como el Instituto Estatal Electoral (IEE) han incurrido en procedimientos contrarios a ordenamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es jurídicamente previsible que las anormalidades que están en evidencia plena, desemboquen en la nulidad de la elección, aseveró Peralta.