La consulta del “Proyecto Hidroeléctrica Gaya” en Zacapoaxtla que inició el 15 de marzo la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) constituye una trampa porque lleva implícita la aceptación del plan energético además de que viola el derecho a la consulta libre previa e informada y el consentimiento de comunidades indígenas, consideraron ambientalistas y defensores del territorio en Puebla.

Uriel Figueroa y Gerardo Pérez, integrantes de distintos colectivos socio ambientales denunciaron que este ejercicio anticonstitucional sólo es una ficción de participación ciudadana, pues dicha consulta sólo pone a discusión los detalles técnicos del proyecto que se intenta establecer en la comunidad de San Juan Thaitic del municipio de Zacapoaxtla, que ha manifestado su rechazo a ese plan energético.

Daniela Migoya Mastretta, delegada federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Puebla confirmó en entrevista a pobladores de San Juan Thaitic, encabezados por Pedro Torres Sandoval, presidente del Comité del pueblo, los pormenores del formato que pondrá a discusión las recomendaciones para que la hidroeléctrica no afecte al medio ambiente donde viven pobladores.

Uriel Figueroa precisó que esta consulta técnica es un despropósito para una comunidad que ha manifestado un total rechazo a su implementación. “Esta consulta se dirige a los habitantes para que califiquen la viabilidad del proyecto de la hidroeléctrica. Consideramos que el daño al medio ambiente sería de gran alcance e irreversible porque  removería 60 hectáreas de vegetación alrededor del río Apulco y se desviaría más de una cuarta parte del cauce total del río, afectando el Bosque Mesófilo que está desapareciendo en el país. Podríamos dar estas recomendaciones y precisar fallas técnicas, pero al hacerlo implícitamente estaríamos avalando el proyecto que no se ha puesto a discusión”, dijo.

La negativa de los pobladores de Tahitic a la instalación de la hidroeléctrica se ha mantenido desde 2013, año en que la empresa Gaya impulsó el proyecto.

“¿Cómo se puede llevar a cabo una consulta de esta manera si no se ha hecho una previa donde los habitantes sean informados de este proyecto y pedir su aceptación, incluso si se tiene la certeza de su oposición?”, cuestionó Figueroa.

Aseguró que esta acción inconstitucional viola derechos humanos de los indígenas además de que omite protocolos de una verdadera consulta ciudadana sobre el derecho de los pueblos a decir su forma de vida y su territorio por lo que tomarán acciones para su denuncia.