Dos fallecimientos, un preso político y la inconformidad de los agredidos, enmarcan la disculpa pública que este miércoles ofreció el gobierno del estado a pobladores de San Bernardino Chalchihuapan por el desalojo policiaco que ejecutó el 9 de julio de 2014 en esa comunidad.

El acto forma parte de una recomendación de 11 puntos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió al gobierno de Puebla en septiembre de 2014, al detectar violaciones graves a las garantías individuales de los habitantes de esa junta auxiliar, perteneciente al municipio de Santa Clara Ocoyucan.

A un año y ocho meses de distancia, el enfrentamiento entre pobladores de Chalchihuapan y los policías estatales que disiparon la protesta, tiene como saldo el fallecimiento de dos personas: El niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien perdió la vida 10 días después de que en la reyerta una lata de gas lanzada por los efectivos le perforó el cráneo, y Víctor Montes Contreras, quien falleció en febrero de 2015, tras su detención y encarcelamiento, hecho que mermó su salud.

Las personas que fueron detenidas y que tras pagar una fianza recobraron su libertad fueron: Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras (finado), Santiago Pérez Tamayo y Clemente Jiménez Tecalero.

No obstante, debe recordarse que el 18 de octubre de 2014 las autoridades estatales realizaron nuevas detenciones, entre quienes estaban: Florentino Tamayo Ponce, Vicente Juárez Varela y Raúl Contreras Montes, Álvaro García Xelhua y Fausto Montes García, quienes fueron acusados por ataques a las vías de comunicación, aunque también fueron liberados.

Debido a la cantidad de delitos, algunos graves, los pobladores no alcanzaron a salir bajo caución, pero posteriormente pudieron demostrar que eran inocentes y fueron liberados tras el pago de una fianza, pues se les promovió un incidente de desvanecimiento de datos en el delito de tentativa de homicidio.

Del total de personas lesionadas, la mayoría cobró indemnizaciones, a excepción de Elia Tamayo, madre de José Luis, debido a que su exigencia no es la reparación del daño de manera económica, sino la liberación de presos políticos, entre ellos, el presidente auxiliar de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, y el edil subalterno de La Resurrección, Leonardo Báez Serrano.

Apenas en febrero pasado, los representantes legales de los afectados, Arturo Rivera Pineda e Hilario Gallegos Gómez, indicaron que para los pobladores la recomendación emitida por la CNDH no será cumplida a cabalidad sino se inician procedimientos penales en contra de los altos mandos que ordenaron la intervención de manera violenta de los policías estatales en la manifestación, particularmente, del entonces secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.