El empresario de espectáculos, Markin Carreras Sendra, denunció que su residencia en Puebla, la cual se encuentra asegurada por la Fiscalía General del Estado (FGE), fue saqueada y el monto del robo asciende a los 20 millones de pesos, por lo que solicitó a las autoridades que investiguen la participación de policías estatales que el pasado viernes fueron sorprendidos dentro de su domicilio, a fin de que se castiguen a los responsables y la propiedad le sea devuelta tal como la dejó.

En entrevista, el promotor artístico destacó que entre lo robado se encuentra una colección de mil 200 botellas de tequila  -que lo hizo acreedor al récord Guinness-, así como más de 600 botellas más de diferentes bebidas alcohólicas; equipo de tres cabinas de grabación, obras de arte de alto valor y otros objetos valiosos.

Explicó que desde 2014 nadie tenía permitido el acceso a esa vivienda, ubicada en el Oasis de Valsequillo, debido a que está a resguardo del Ministerio Público de Homicidios, por una investigación de un crimen ocurrido en Cuautlancingo en ese año y derivado del cual encarcelaron sin pruebas a uno de sus trabajadores.

“No sabemos qué han saqueado, porque nada más podemos ver por fuera. Por comentarios de los vecinos, más lo que nosotros vemos por las ventanas, que ya no existen las botellas de tequila. Yo tenía una colección de más de mil 200 botellas de tequila, más casi 600 más y otras de otros licores, más cuadros y otras cosas que yo tenía”, precisó.

Describió que desde el exterior ha podido observar que adentro de la casa hay mucho desorden y que los muebles y objetos pesados se encuentran empacados para ser sacados de ahí. Además, en el patio están tirados documentos importantes, fotografías y billetes de colección, así como la caja fuerte, en la que guardaba centenarios que presumiblemente también  fueron robados.

“Ellos (los ladrones) arriman hacia una parte las cosas y llega una camioneta y se las lleva, más de 20 millones de pesos. Es toda mi vida, es todo mi patrimonio, porque ahí tenía yo todo lo que he juntado, como mis botellas de tequila, mis obras de arte y todo lo que yo tenía, todo no se ve en las paredes ni en ninguna parte”, denunció.

El robo

Markin Carreras relató que el saqueo se fue dando poco a poco hasta que el pasado viernes se percató de ello cuando, al encontrarse en la ciudad de México, fue alertado por un vecino que le indicó que la patrulla de la Policía Estatal PE-467, con placas TZX-3449 de Puebla, se encontraba afuera de su casa y un oficial estaba dentro de su domicilio, ubicado en el Oasis de Valsequillo, mientras que el otro uniformado se había quedado afuera vigilando.

Lo anterior lo hizo sospechar y le solicitó a su chofer y a un amigo que verificaran la situación. Asimismo, se le pidió apoyo al 066 y al lugar acudió una patrulla de la Policía Municipal, cuyos elementos, al arribar, vieron salir de la casa a un policía estatal.

Fue así como los municipales les solicitaron los datos a los estatales y éstos se identificaron como José Salazar García, con placa 2703, quien presuntamente ingresó a la vivienda, y Rubén Contreras Orea, quien se quedó dentro de la patrulla.

Los uniformados nunca explicaron lo que estaban haciendo en el lugar ni por qué o para qué había ingresado uno de ellos a la residencia, ante lo cual llegaron más elemento de policía, entre ellos de la ministerial que hicieron un “cerco humano” para impedir que los trabajadores y el amigo del empresario tomaran fotografías o grabaran con su teléfono celular lo que estaba pasando.

Posteriormente arribó Jorge Antonio Hernández Sucilla, del Ministerio Público de Homicidios, quien les dijo que la casa estaba bajo su resguardo y por lo cual volvió a colocar los sellos de aseguramiento.

Antes de esta situación, aclaró el empresario, todos los sellos que en 2014 había colocado la FGE estaban violados y el agente del Ministerio Público solamente argumentó que pudo ser un niño el que los rompió, la lluvia o el sol; sin embargo, un velador que cuida una de las viviendas de la zona les comentó que varias veces encontró la puerta abierta.

Solicita la devolución de su vivienda

Markin Carreras explicó que la residencia estaba el cuidado de uno de sus trabajadores, de nombre Roberto Ortiz Huerta, quien fue relacionado con el homicidio de Luis Fernando Andrade Zorrilla, sucedido el 17 de marzo de 2014.

El occiso, quien era guardia de seguridad del Casino Winpot, en la capital poblana, fue encontrado embolsado en el municipio deCuautlancingo; sin embargo, la FGE presumía que el asesinato se había cometido en la residencia del Oasis de Valsequillo y por ello la puso a su resguardo.

Roberto promovió un amparo y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil se lo concedió ordenando al juez de Cholula que lo liberara, puesto que no había pruebas para incriminarlo en el delito.

Fue así como Roberto salió libre el 10 de noviembre de 2015 y Markin Carrera procedió a reclamar su domicilio. Se presentó cinco veces ante el Ministerio Público para acreditar la propiedad, pero el personal nunca lo recibió y por ello la casa continuó asegurada.

“La casa está otra vez sellada en propiedad de la FGE, le pedimos a varias de las personas que presentaran a declarar a estos policías por qué estaban adentro de la casa y el MP dijo que él se iba a encargar de eso y nunca hubo ninguna puesta a disposición o declaración. A las 12 de la noche que llego a la ciudad, ya había terminado la diligencia, se habían llevado a los policías, se fueron todos y sin más argumento, no sabemos nada más”, manifestó.

El agraviado comentó que ya levantó una constancia de hechos bajo el número de 18/2016/Sur, a fin de que se hagan las pesquisas correspondientes.

Aclaró que no está acusando a nadie por el saqueo; sin embargo, solicitó a las autoridades que presenten e investiguen a los policías estatales y que los responsables sean sancionados.

Principalmente, el empresario pidió que le regresen la posesión del inmueble y de los bienes que le fueron sustraídos, ya que son producto del trabajo de toda su vida.

Denuncia mala administración de justicia en Puebla

Roberto Ortiz estuvo preso un año y 8 meses en el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula (Cereso), acusado de ladesaparición y homicidio de Luis Fernando Andrade Zorrilla, con quien no tenía ningún trato.

Roberto narró que, un día antes del crimen, Jorge arribó a su casa, le presentó a Luis y lo invitó a tomar en un bar, pero él se negó y los otros dos varones se retiraron para continuar su parranda.

Al día siguiente, durante la madrugada, Luis fue levantado por sujetos armados que lo subieron a una camioneta y horas después lo encontraron muerto, envuelto en bolsas, en la zona de Cuautlancingo.

Ese mismo día, Roberto fue detenido junto con Luis Fernando sin que los ministeriales les presentaran alguna orden de aprehensión y después la FGE los arraigó al vincularlos con el homicidio.

Ortiz Huerta aseguró que lo obligaron a declarar, pero siempre sostuvo su versión: que nunca estuvo con Jorge y Luis.

La única prueba que tenía la FGE en su contra era una camisa manchada con sangre, la cual al ser analizada por peritos resultó sersangre de perro.

En la residencia de Markin Carreras, “encuentran una camisa de mi pertenencia que alguna vez tuvo sangre de mi perro que le mordió otro perro en una riña en la oreja y a mí me embarró. Esa camisa se la llevan como prueba y posteriormente se dan cuenta que no es sangre humana sino de perro”, contó Roberto.

Debido a que no había elementos en su contra, el Poder Judicial Federal le otorgó un amparo a Roberto y a Jorge Armando, solicitando su inmediata libertad, sin embargo el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) los liberó dos meses después.

Roberto precisó que nunca fueron trasladados a la Subdirección Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), tal como lo declaró el fiscal general del estado, Víctor Antonio Carrancá Bourget.

El empresario y Ortiz Huerta mencionaron que, tres meses después del crimen, se enteraron por publicaciones periodísticas de la detención de nueve integrantes de un grupo del crimen organizado, en el bar Bikini’s situado sobre bulevar Forjadores, a quienes se les aseguraron sus teléfonos celulares en los que fueron halladas fotos de personas ejecutadas, entre ellas Luis Fernando Andrade.

Según lo narrado por los afectados, los delincuentes aceptaron ante las autoridades que mataron a esas personas y quedaron a disposición de la SEIDO, pero la FGE no reconoció su error de haber incriminado a dos personas en un delito que no cometieron.

Roberto indicó que ya presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado (CDHE) por los abusos que sufrió y manifestó que, por amenazas que ha recibido, teme que le vuelvan a fabricar un delito.