Los defensores de los derechos humanos en Puebla han padecido un homicidio, han sido acusados y detenidos por motín, robo, peculado o lesiones, y por ello han interpuesto 38 quejas a nivel federal.

Así se expone en la Recomendación General número 25 sobre agravios a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que este lunes presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y que está dirigida a dependencias del gobierno federal, gobiernos estatales y ayuntamientos.

El organismo evidencia las aprehensiones de los activistas que se opusieron al Gasoducto Morelos y las de los ediles auxiliares de Chalchihuapan, San Miguel Canoa así como La Resurrección, que rechazaron la reforma a la Ley Orgánica Municipal de 2013.

La Comisión señala también que la entidad no tiene una ley especial para la protección y defensa de las personas defensoras de los derechos humanos. Por tal razón solicitó a la autoridad implementar los mecanismos correspondientes para garantizar las garantías de los activistas.

Registran un homicidio en Puebla

De acuerdo con la Recomendación General número 25, Puebla se encuentra entre las ocho entidades en las que se ha registrado algún deceso contra defensores de derechos humanos o periodistas. Entre los estados con casos de este tipo destacan: Chihuahua, con 9; Guerrero, con 6; Oaxaca, con 4; Veracruz, con 2; Ciudad de México, Sinaloa, Sonora y Puebla, con 1 cada uno.

Fue en noviembre de 2012 que el periodista independiente, Adrián Silva Moreno, fue asesinado en el municipio de Tehuacán, cuando cubría un evento en esa región.

El organismo señala que a partir de 2011 se ha advertido un incremento en el número de personas defensoras asesinadas en el país y, en general, un incremento en las agresiones cometidas en contra de este grupo.

Ediles y opositores a obras son detenidos

La Comisión Nacional de Derechos Humanos destacó las detenciones de los activistas opositores al Gasoducto Morelos así como las de los ediles auxiliares que se opusieron al retiro del Registro Civil de sus comunidades.

Respecto a los primeros, el organismo recibió quejas sobre los aseguramientos en 2014 de Juan Carlos Flores Solís y Enedina Rosas Vélez. Aunque actualmente los activistas están libres, la CNDH criticó que la autoridad los consignara por delitos de motín y robo.

Entre los casos de los ediles auxiliares, se menciona el caso del ex presidente de La Resurrección, Leobardo Báez Serrano, quien en 2014 fue consignador por incurrir presuntamente en ejercicio indebido de funciones y resistencia de particulares cuando fue asegurado.

También se señala el caso de Javier Montes de Chalchihuapan y de Raúl Pérez Velázquez de San Miguel Canoa, quienes fueron aprehendidos en 2014 por oponerse a la reforma a la Ley Orgánica Municipal, que quitaba los registros civiles de las juntas auxiliares.

La CNDH hizo mención del “hostigamiento” que realizaron las autoridades estatales en contra de los defensores de derechos humanos.

Por tal razón, consideró necesaria la implementación de campañas públicas y cursos de capacitación para la sensibilización y no estigmatización de las personas defensoras, ya que realizan “un valioso aporte a la democracia del país”.

Asimismo, solicita que el gobierno del estado promulgue leyes que, en su caso, prevean la creación de un organismo dedicado a la protección de personas defensoras de derechos humanos a través de la implementación de medidas eficaces y suficientes para asegurar el ejercicio de su actividad.   

Se registran 38 quejas por agravios a activistas

La CNDH indicó que en Puebla se integraron 38 quejas por agravios a periodistas y defensores de los derechos humanos de 2011 al 2015, lo que la convierte en una de las entidades con mayor número de ultrajes contra de este sector.

La entidad registró el mismo número de quejas que el estado de México. Sin embargo, se señala que no hubo recomendaciones emitidas hacia la autoridad por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP).

Además Puebla se encuentra entre las entidades que no cuentan con una ley especial para la protección y defensa de las personas defensoras de derechos humanos. Lo anterior genera que los órganos de investigación y procuración de justicia omitan incorporar el análisis del contexto de las personas defensoras, aspecto determinante para estar en posibilidad de identificar las causas.

Entre las otras entidades que no cuentan con esta ley especial están: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua,Coahuila, Colima, Durango, México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

Solamente Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo y Ciudad de México tienen un organismo o ley en favor de la protección y defensa de defensores de derechos humanos.

Cabe señalar que en la recomendación de la CNDH se menciona que en los últimos cuatro años se presentó el 70.27% de las quejas formuladas de 2006 al 31 diciembre de 2015.

Las quejas relativas a personas defensoras fue: 18 en 2006; 14, en 2007; 15, en 2008; 18, en 2009; 48, en 2010; 59, en 2011; 52, en 2012; 55 en 2013; 45, en 2014, y 56 en 2010.

Asimismo, de enero de 2006 a diciembre de 2015, en el Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos del organismo se integraron 380 expedientes respecto de casos de personas defensoras.