De forma “arbitraria e ilegal” el gobierno estatal detuvo a Juan Carlos Flores Solís, activista que se manifestó en contra de la construcción del Gasoducto Morelos en comunidades del estado de Puebla, al considerar que representa un riesgo elevado para los habitantes y nunca fueron consultados.

El caso del portavoz del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala quedó expuesto en el informe “Criminalización de defensores de derechos humanos: un preocupante fenómeno en América Latina”, presentado este jueves en la Ciudad de México por el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos.

El organismo consideró que el caso de Flores Solís es un ejemplo claro de la criminalización que viven los activistas en México y su detención se debió al rol clave que juegan las empresas y el poder judicial en las entidades, los cuales en su mayoría inician procesos penales contra defensores de sus comunidades.

Flores Solís fue internado en 2014 en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de San Pedro Cholula. Sin embargo su defensa logró el  juicio de amparo 707/2014, lo que obligó al juez penal de Cholula a dictar auto de libertad liso y llano a su favor.

Condenan detención

El activista fue detenido de manera totalmente arbitraria e ilegal, expuso el Observatorio, pues le imputaron ilícitos que no cometió, como el de “motín”, tras su supuesta participación en una protesta el 3 de abril de 2012, en Santa María Acuexcomac. A pesar de que la evidencia demostró que él no participó en la protesta, fue privado de su libertad.

Asimismo, criticó que el Poder Judicial haya validado el proceso y que haya emitido una orden de detención a pesar de las pruebas que demostraban su inocencia.

Se indicó que el uso indebido del derecho penal para criminalizar a defensores y defensoras se vincula necesariamente a la actuación del aparato judicial. “El hostigamiento a los defensores y defensoras, como el de Flores Solís, ha provenido del Ministerio Público, a través de los fiscales, y de los jueces de los juzgados involucrados en los procesos que los criminalizan”.

Según el Informe del Observatorio, además de la duración de las detenciones, es claro que éstas “pueden usarse como forma de intimidación o de represalia, especialmente en los casos en los que hay violencia física y psicológica”.

Estado debe de liberar a defensores

En las recomendaciones hechas por el Observatorio, señala que la autoridad estatal tiene que poner en libertad a los defensores y defensoras recluidos por su trabajo de defensa de los derechos humanos y levantar los cargos contra quienes sean indebidamente criminalizados.

Pide que se reconozca la legitimidad de la labor de los activistas conforme a la declaración de 1998 de la Organización de las Naciones Unidas sobre el derecho y el deber de los individuos, reconociendo así que “el derecho a defender los derechos es un derecho”.

Asimismo solicita investigar de manera efectiva, transparente e independiente y sancionar a los agentes estatales (policías, procuradores, fiscales, jueces…) involucrados en los casos de criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos; y garantizar la capacitación de las fuerzas de seguridad del estado en materia de uso de la fuerza, en respeto a las normas de derechos humanos.

El Observatorio manifiesta que “la criminalización de defensores de derechos humanos en el contexto de la extracción de recursos naturales y de megaproyectos se ha convertido en un fenómeno muy preocupante en México y en América Latina”.

El gasoducto Morelos es un proyecto a cargo de las empresas españolas e italianas, Abengoa, Elecnor, Anagas y Bonatti.

La detención y represión que vivió Juan Carlos Flores Solís se sumó a los casos de activistas que fueron violentados en sus derechos humanos en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.