La CNDH hizo un llamado este domingo para que  88 por ciento de los centros estatales -entre ellos los de Puebla- y en el 45 por ciento de los centros federales que no tienen una clasificación penitenciaria "impulsen acciones de protección y observancia plena de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad", esto para asegurar su correcta reinserción social.

De acuerdo con el Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria (DESP) 2015, que elaboró la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla, se observó que en los centros de reclusión del estado "existen deficiencias que afectan el trato digno de la población interna, como la sobrepoblación, la clasificación inadecuada de los internos, así como la falta de desarrollo de actividades necesarias y contempladas dentro de su tratamiento penitenciario como son el trabajo, la educación y las actividades recreativas y culturales".

Para Miguel Carbonell Sánchez, abogado y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Puebla (UNAM), la mala clasificación penitenciaria perjudica la reinserción de los internos debido a que en una misma celda conviven delincuentes menores con responsables de secuestros, asesinatos o crimen organizado.

De tal forma que en lugar de reformarse, la cárcel se vuelve "una universidad para el crimen", ya que uno de cada tres internos reincide pero con un crimen cada vez más grave, es decir, que alguien ingresó por un robo común dentro del penal encuentra a personas que cometieron crímenes más graves y es probable que a su salida se siga involucrando con ellos.

Al respecto la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el Pronunciamiento sobre Clasificación Penitenciaria, con la finalidad de que los centros penitenciarios planeen acciones tendentes a asegurar su reinserción social efectiva.

La CNDH puntualizó la importancia de la clasificación penitenciaria, con el fin de que ésta sea congruente con lo previsto por el artículo 18 de la Constitución mexicana, que establece cuatro criterios base para la clasificación de internos:por situación jurídica (procesados y sentenciados), por género (hombres y mujeres), por edad (adultos y menores de edad) y por régimen de vigilancia (delincuencia organizada y delincuencia convencional).

"El Estado debe orientar sus acciones a favorecer la reinserción social efectiva como finalidad de la pena y garantizar el goce pleno de los derechos previstos para las personas privadas de la libertad, siendo uno de ellos la vinculación con su entorno familiar y social, como factores coadyuvantes", indicó la CNDH en un boletín de prensa.

Destacó que el 88 por ciento de los 400 Centros de Readaptación Social (Cereso) administrados tanto por autoridades municipales, como por estatales y federales, se observó una inadecuada clasificación que conlleva a la existencia de aspectos que dificultan la reinserción social efectiva, tales como el alejamiento de su entorno familiar, hacinamiento y deficiencia en cuanto a una estancia digna y seguridad, entre otros.

Como parte del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, presentado por la CNDH el 9 de septiembre de 2015, en los que fueron incluidos los Centros de Reinserción Social de Puebla, Tepexi de Rodríguez, Tehuacán y Ciudad Serdán.

Al respecto, se evalúan los siguientes aspectos que inciden con los derechos de los internos: aquellos relacionados con la situación jurídica de los internos, los que garantizan una estancia digna y segura en prisión, los que aseguran su integridad física y moral, el desarrollo de actividades productivas y educativas los que garantizan la vinculación social del interno y los relacionados con el mantenimiento del orden y la aplicación de medidas.

El Promedio Estatal del Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria es de 6.20 para Puebla