Conjuntamente con Sinaloa y Colima, Puebla forma parte de las tres entidades del país que subsidian a sus habitantes el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos (ISTUV), esquema que provocará una disminución en los ingresos del gobierno estatal y lo obligará a ajustar su gasto, según alertó la consultora Aregional.

Fue desde que inició su gestión, en 2011, cuando el gobernador Rafael Moreno Valle inició un programa de exención del pago de ese gravamen, el cual se resarciría con un subsidio, tras así prometerlo durante su campaña a la gubernatura.  

Hasta abril de 2013, la administración estatal había destinado recursos por mil 825.4 millones de pesos para subsidiar el programa de apoyo al 100 por ciento en el pago del impuesto de la tenencia vehicular, según información oficial dada a conocer por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) a través de una respuesta otorgada a una solicitud de información pública. 

De acuerdo con un análisis que Aregional realizó sobre los esquemas de pago o exención en las entidades del país, sólo tres de ellas aplican un subsidio para liberar a sus habitantes de este pago, las cuales son Puebla, Colima y Sinaloa.

Los ciudadanos quedan liberados de ese arancel, siempre que estén al corriente con otros pagos, como el del control vehicular.

Sin embargo, alertó que este esquema financiero provoca una disminución de los ingresos estatales, lo que a su vez, orilla a los gobiernos a buscar otros esquemas para incrementar la recaudación estatal y a realizar ajustes en su gasto.

“Las entidades federativas que decidieron eliminar el ISTUV como gravamen local, o que continuarán cobrándolo con grandes exenciones y subsidios, verán disminuidos sus ingresos de manera muy importante. Esta reducción en sus ingresos de libre disposición, implica futuras acciones por parte de estos estados tendientes a ajustar el gasto público, de manera mucho más enérgica para mantener sus respectivos equilibrios presupuestarios”, cita el informe.

La consultora indica que otras alternativas que los estados en cuestión podrían utilizar otras alternativas como incrementar las tasas a otros impuestos o introducir nuevos tributos para compensar la disminución de recursos, a fin de “evitar un deterioro en sus programas operativos y de inversión, ya que su capacidad de pago y flexibilidad financiera está siendo gravemente afectada con la eliminación de este impuesto”.

“Lo anterior es muy preocupante, considerando que en la mayoría de los casos, las entidades federativas afectadas han registrado déficits financieros sustanciales durante los últimos años, que se deben en parte a la eliminación de este gravamen y a la mala administración que presentan”, se advierte en el documento.